Plantea reformar las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, sostiene que el Poder Legislativo tiene la obligación de actuar, ante la velocidad de la innovación digital y anticiparse a los riesgos que se conviertan en formas estructurales de abuso económico, por lo que resulta indispensable “regular los patrones engañosos en los servicios financieros”.
Destaca que su propuesta prevé incorporar dos definiciones dentro de la legislación financiera mexicana: la de interfaz digital y la de prácticas engañosas en el entorno digital. “Estas últimas son los diseños de interfaz que, mediante su estructura, presentación o flujo, inducen, presionan, manipulan o dificultan decisiones libres e informadas por parte de las personas usuarias”.
Precisa que la relevancia de esta definición es profunda, toda vez que reconoce que una plataforma puede cumplir formalmente con mostrar términos y condiciones y, aun así, afectar la libertad de decisión mediante mecanismos de presión psicológica, ocultamiento visual o confusión deliberada.
Aclaró que su iniciativa no busca frenar la digitalización de los servicios financieros, sino establecer límites mínimos frente a mecanismos de diseño que pueden afectar la libertad de decisión de las personas usuarias.
En su artículo “Dark patterns”: el nuevo fraude silencioso en los servicios financieros digitales”, el legislador plantea que hoy millones de mexicanas y mexicanos contratan créditos, abren cuentas, realizan transferencias monetarias, adquieren seguros o aceptan servicios mediante interfaces digitales diseñadas para simplificar operaciones y procesos.
Sin embargo, junto con los beneficios innegables de esta tecnología, añade, también surgieron problemas que el Estado no puede ni debe ignorar. “Un clic provocado por la confusión o el engaño puede traducirse en un crédito no deseado —y probablemente no comprendido en su totalidad—, en autorizaciones para generar cargos recurrentes, en endeudamiento prolongado o incluso en pérdidas patrimoniales”.
Por ello, subraya que el pasado miércoles 6 de mayo presentó, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el objetivo de regular los llamados dark patterns —o patrones engañosos— de diseño digital en las plataformas financieras y garantizar condiciones justas en los mercados donde se desarrolla la vida económica de la sociedad.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena explica que el punto de partida de esta iniciativa es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, “aunque más de tres cuartas partes de la población adulta tiene acceso a algún producto financiero formal (el 76.5 por ciento), apenas una minoría (alrededor del 23 por ciento) declara leer los contratos antes de aceptarlos”.
En el entorno digital, donde el consentimiento suele reducirse a un clic y los términos aparecen en interfaces diseñadas estratégicamente para pasar desapercibidas, esta brecha se amplifica todavía más. Tan solo en 2022 se registraron 554 mil 026 mecanismos de asesoría o reclamaciones de defensa relacionados con cargos no reconocidos o productos no solicitados, abunda.
Ricardo Monreal refiere que la experiencia internacional muestra que la regulación del diseño digital se convirtió en una prioridad en distintas economías avanzadas para prohibir interfaces engañosas y establecer obligaciones positivas de diseño.
Propone que la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) pueda revisar tanto el contenido formal de los contratos de adhesión como los mecanismos digitales mediante los cuales esos contratos se presentan, celebran y ejecutan.
Asimismo, establece que dichos contratos deberán corresponder funcional y operativamente con las interfaces a través de las cuales se realizan, garantizando procesos claros y transparentes.
Señala que la iniciativa también estipula que la información proporcionada a personas usuarias mediante medios digitales deberá presentarse en forma clara, veraz, accesible y estructurada de manera que no induzca a error ni a prácticas engañosas.
La propuesta manifiesta que se considerará incumplida incluso cuando la información esté formalmente disponible, si el diseño de la interfaz induce decisiones contrarias al interés del usuario, oculta información relevante, obstaculiza cancelaciones o genera percepciones engañosas sobre costos y riesgos.
El presidente de la Jucopo considera que de aprobarse su iniciativa se logrará fortalecer la protección de las personas usuarias frente a prácticas digitales engañosas, contribuir a la construcción de un entorno financiero más confiable y seguro, reducir contrataciones involuntarias y disminuir asimetrías de información.
Al mismo tiempo, ayudará a que México avance hacia estándares internacionales de protección digital y regulación financiera, equilibrando innovación tecnológica con garantía de derechos para las personas usuarias.
