La senadora Geovanna Bañuelos, urgió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) a cumplir de manera inmediata con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir la parte retenida de los aguinaldos correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 a las personas jubiladas y pensionadas afectadas por la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas de 2024.
Mediante la cual se modificó el artículo 74 para establecer que las personas pensionadas del Issstezac tendrían derecho a un aguinaldo anual equivalente a 30 días de pensión, en lugar de los 60 días que recibían con anterioridad.
Al fundamentar un punto de acuerdo la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que la resolución emitida por la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 establece que las personas que ya cotizaban al Issstezac antes de la reforma publicada en agosto de 2024 deben conservar el derecho a recibir un aguinaldo equivalente a 60 días de pensión, por lo que cualquier reducción aplicada a este grupo vulnera derechos previamente adquiridos.
“Las reformas legales pueden ordenar hacia el futuro la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, pero las instituciones públicas deben respetar los derechos generados por las personas trabajadoras durante su vida laboral”, enfatizó la legisladora por Zacatecas.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria se señala que el recorte aplicado al aguinaldo afectó a cerca de 6 mil 500 personas jubiladas y pensionadas, generando un adeudo superior a 220 millones de pesos.
“Por ello, resulta indispensable que el Issstezac adopte las medidas administrativas, presupuestarias y operativas necesarias para restituir la parte retenida del aguinaldo a las personas afectadas”, señaló la legisladora.
Geovanna Bañuelos destacó que a pesar de que la sentencia de la Corte ya fue emitida, las personas afectadas aún no han recibido la restitución de los recursos retenidos, prolongando una afectación económica injustificada.
“La ejecución de una sentencia no puede depender de cálculos políticos ni de decisiones discrecionales; constituye una obligación institucional vinculada al Estado de derecho”, aseveró.
Y recordó que para el Partido del Trabajo, la defensa de las personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas es una causa prioritaria, por lo que enfatizó que las pensiones y prestaciones no son concesiones graciosas de la autoridad, sino derechos construidos con años de trabajo, aportaciones y servicio público.
“La disminución del aguinaldo representó una afectación económica directa para miles de familias zacatecanas, particularmente para personas que ya no se encuentran en condiciones de reincorporarse al mercado laboral y que dependen de sus ingresos pensionarios para sostener su vida cotidiana”, concluyó Geovanna Bañuelos.
