• Propone reformar los artículos 26 y 123 de la Constitución para garantizar pensiones justas y suficientes a adultos mayores.
• El salario mínimo sería la unidad de medida para calcular pensiones y prestaciones sociales.
La diputada Luvianka Partida Chávez presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 26 y 123, con el propósito de garantizar pensiones justas y suficientes para las personas adultas mayores. La legisladora subrayó que esta propuesta representa un acto de justicia social hacia quienes han dedicado gran parte de su vida al desarrollo del país y hoy enfrentan la vejez con incertidumbre económica.
El eje central de la iniciativa es que el salario mínimo se convierta en la unidad de medida para calcular las pensiones y prestaciones sociales. Con ello se busca asegurar que las pensiones reflejen un ingreso digno y suficiente, al tiempo que se establece que el salario mínimo no podrá utilizarse como índice o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
Partida Chávez recordó que México atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento poblacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, en el país había 19.03 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 14.7 por ciento de la población, frente al 12.3 por ciento registrado en 2018. Las proyecciones del Consejo Nacional de Población indican que para 2030 los adultos mayores representarán el 15 por ciento de la población y para 2050 el 22.9 por ciento, reflejo de una menor natalidad y una mayor esperanza de vida.
La legisladora advirtió que este fenómeno impacta directamente en el mercado laboral, financiero y en la estructura familiar, generando retos para los sistemas de seguridad social. Señaló que las condiciones de las personas mayores suelen volverse más difíciles debido a la pérdida de oportunidades laborales y sociales, lo que puede derivar en exclusión tanto en el ámbito laboral como en el familiar.
Datos del Instituto Nacional de Geriatría muestran que cerca de 4 millones de adultos mayores de 65 años continúan trabajando. Uno de cada cuatro lo hace, y de ellos, más de la mitad labora por cuenta propia y el 76 por ciento en la informalidad.
Esto significa que gran parte de la población mayor enfrenta la vejez con bajos ingresos, empleo precario y limitado acceso a la seguridad social. En promedio, quienes trabajan en la informalidad perciben 6 mil 999 pesos mensuales, un 29.4 por ciento menos que otros adultos económicamente activos, cuyo ingreso alcanza los 9 mil 914 pesos.
Ante este panorama, la congresista del PRI enfatizó que la reforma busca que los jubilados puedan disfrutar de su tiempo libre sin preocupaciones económicas, gracias a pensiones calculadas de manera justa y suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Destacó que se trata de una medida que reconoce el valor del trabajo realizado a lo largo de la vida y que busca dar certeza económica en una etapa en la que las personas requieren mayor apoyo.
Con esta iniciativa, Luvianka Partida busca que México avance hacia un modelo de pensiones que garantice justicia social, dignidad y seguridad económica para las personas adultas mayores, en un contexto de creciente envejecimiento poblacional y retos estructurales para el país.
