Miguel Auza, Zac.– La rendición de cuentas en el municipio de Miguel Auza entró en un punto crítico. Lo que debía ser un ejercicio institucional de transparencia terminó en un enfrentamiento político abierto durante la sesión de Cabildo, tras la presentación de los informes financieros correspondientes a junio-diciembre de 2025.
El detonante fue claro: la entrega de un concentrado de seis meses a tan solo 16 días del plazo límite para la cuenta pública. Para el regidor de Movimiento Ciudadano, Efraín Lerma, la situación no admite matices: “Es una burla para el municipio y una simulación de rendición de cuentas”. La afirmación encendió el debate y exhibió lo que, desde la oposición, se señala como una práctica recurrente de opacidad.
A la crítica se sumó el regidor Genaro De la Cruz, quien denunció directamente la falta de transparencia en la Tesorería municipal. “Hemos solicitado la nómina en más de una ocasión y no hemos obtenido respuesta. La ciudadanía nos ha reportado posibles ‘aviadores’ que cobran sin trabajar y esto debe investigarse”, advirtió. La acusación no es menor: apunta a un posible uso indebido de recursos públicos en un contexto donde la confianza ciudadana ya está deteriorada.
El ambiente se tensó aún más al poner sobre la mesa la rendición de cuentas del patronato de la FEREMA 2025 y del tradicional Baile del Paisano, eventos que, por su impacto económico y social, requieren claridad absoluta en el manejo de recursos. Sin embargo, las respuestas desde la administración municipal no lograron disipar las dudas.
El Presidente Municipal defendió su gestión con una frase que ya es recurrente en el discurso oficial: “Esta administración es diferente, no somos iguales”. Por su parte, el Tesorero Municipal respondió señalando corresponsabilidad del Cabildo: “Ustedes como Cabildo aprobaron a este patronato… yo vengo a responder por mi trabajo”.
Pese a ello, los regidores de Movimiento Ciudadano mantuvieron una postura firme y documentada. Exigieron que los informes financieros se presenten en tiempo y forma, conforme a la ley, y señalaron áreas específicas que requieren revisión urgente: arrendamientos superiores a los 100 mil pesos mensuales, viáticos cercanos a los 40 mil pesos mensuales y ayudas sociales que rondan los 650 mil pesos al mes.
Además, advirtieron posibles incumplimientos legales graves. “Estos informes no cumplen con la Ley de Fiscalización del Estado, al no ser presentados en tiempo y forma, ni incluir información clave como la plantilla de trabajadores y la cédula de adquisiciones. El uso de recursos públicos debe regirse por la honradez, transparencia y eficacia”, subrayó Lerma.
La consecuencia fue contundente: voto en contra.
El episodio dejó al descubierto una fractura política evidente. En Miguel Auza, la discusión ya no gira únicamente en torno a cifras, sino a credibilidad. Mientras el gobierno municipal defiende su narrativa de resultados, la oposición insiste en que sin transparencia no puede haber progreso.
Hoy, más que nunca, la ciudadanía exige respuestas claras. Porque cuando se trata del dinero público, no hay espacio para simulaciones. Hay una obligación: rendir cuentas.
