Por: Fredy Barajas
Tras el fracaso del “Plan A”, la Presidencia de la República puso en marcha un “Plan B” que evidencia las fracturas en su propia coalición. Al no lograr un consenso total con sus aliados del PVEM y del PT, quedó demostrado que la lealtad política tiene límites infranqueables cuando se trata de reducir privilegios o presupuesto. Para las cúpulas partidistas, las diputaciones plurinominales y el financiamiento público no son negociables; sería ingenuo esperar que renunciaran voluntariamente a su botín, incluso si con ello secuestran la verdadera representación ciudadana. Esto refuerza una tesis dolorosa: el sistema de partidos mexicano es un fracaso absoluto, convertido hoy en un opaco esquema de franquicias con dueños fácticos.
¿Sabemos realmente de quién son los partidos políticos? Organizaciones como MC, el Verde, MORENA o el PRI operan con lógicas de propiedad privada, explotando sus siglas al mejor postor. Bajo este contexto, el “Plan B” no busca otorgar más herramientas al pueblo, ni generar ahorros reales, ni devolver la potestad democrática a la gente. Su objetivo es más pragmático y electoral: ajustar los tiempos para permitir que el Ejecutivo haga campaña activa, apuntalando así las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados para evitar, a toda costa, el “riesgo” de los equilibrios de poder.
Históricamente, los contrapesos en México se han usado para negociar privilegios de la clase política, alejándose de la máxima de que “el pueblo manda”. Hoy, esa frase se queda en retórica vacía mientras quienes ostentan el poder se aferran a él. Sin embargo, este “Plan B” parece destinado al mismo fracaso que su predecesor, principalmente por su desconexión con la realidad operativa de los estados.
El verdadero trasfondo de esta reforma es un centralismo presupuestario que atenta contra el pacto federal. Pretender imponer desde el centro topes de gasto rígidos para las legislaturas estatales y los ayuntamientos ignora la soberanía y los retos de entidades como Zacatecas. Reducir el gasto administrativo a niveles inviables no es “austeridad”, es una estrategia para debilitar los contrapesos locales. Mientras se asfixia financieramente al municipio —el eslabón más cercano al ciudadano—, el Ejecutivo retiene el control discrecional de la mayor parte del gasto federal.
Si de ahorro real se tratara, el enfoque debería estar en la distribución de los 10.19 billones de pesos del Presupuesto Federal, una cifra que aumentará gracias a los excedentes petroleros derivados del actual contexto bélico internacional. Quizás ya es tiempo de que vayan pensando en un “Plan C” o incluso un “Plan Z”, porque la justicia presupuestaria no vendrá de quien concentra el poder, sino de quien esté dispuesto a devolverle al pueblo la facultad de decidir sobre su propia riqueza.
Es mi opinión.
