Para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos humanos, una justicia pronta y expedita, reducir la impunidad procesal en casos de violencia, Geovanna Ba\u00f1uelos propone modificar el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales para establecer que los procesos penales relativos a delitos que impliquen violencia de g\u00e9nero deber\u00e1n resolverse en un plazo m\u00e1ximo de un a\u00f1o, contado a partir de la presentaci\u00f3n de la denuncia o querella.<\/p>\n
Al fundamentar la iniciativa ser\u00e1 presentada en la pr\u00f3xima sesi\u00f3n ordinaria, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explic\u00f3 que el objetivo es reducir la impunidad procesal en casos de violencia de g\u00e9nero, al establecer un l\u00edmite legal y medible a los tiempos de resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n
Asimismo, detall\u00f3 que se establece que el plazo podr\u00e1 extenderse \u00fanicamente por causa debidamente justificada y motivada ante el Tribunal de Disciplina Judicial, conforme a los principios de legalidad, debido proceso y debida diligencia. <\/p>\n
La dilaci\u00f3n injustificada ser\u00e1 considerada falta administrativa grave, conforme a la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n
\u201cNo se trata de una medida inflexible, sino de un marco que obligue a las autoridades a justificar cualquier dilaci\u00f3n con base en criterios objetivos, y no en la inercia burocr\u00e1tica\u201d, mencion\u00f3 la legisladora por Zacatecas. <\/p>\n
Geovanna Ba\u00f1uelos sostuvo que su propuesta fortalece la rendici\u00f3n de cuentas de jueces, fiscales y autoridades ministeriales, quienes deber\u00e1n garantizar que las v\u00edctimas reciban una respuesta oportuna y sensible. <\/p>\n
\u201cEl cambio normativo no modifica el fondo del proceso penal, sino que introduce un mecanismo de orden y eficiencia procesal que busca cumplir el mandato constitucional de justicia pronta, asegurando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y la protecci\u00f3n de los derechos humanos\u201d, asever\u00f3. <\/p>\n
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica, s\u00f3lo en 2024 se registraron m\u00e1s de 310 mil carpetas de investigaci\u00f3n relacionadas con delitos de violencia familiar, violaci\u00f3n, feminicidio y abuso sexual.<\/p>\n
Seg\u00fan la Encuesta Nacional sobre la Din\u00e1mica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) del INEGI, siete de cada diez mexicanas han sufrido alg\u00fan tipo de violencia a lo largo de su vida. <\/p>\n
\u201cEstas cifras no s\u00f3lo evidencian una crisis de derechos humanos, sino tambi\u00e9n una falla estructural del Estado mexicano en su deber de proteger, sancionar y reparar el da\u00f1o\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
En este sentido, Geovanna Ba\u00f1uelos enfatiz\u00f3 que de aprobarse la propuesta del GPPT se fortalecer\u00e1 la confianza ciudadana en el sistema de justicia, al demostrar que el Estado no solo escucha a las v\u00edctimas, sino que act\u00faa con eficacia frente a sus denuncias. <\/p>\n
\u201cDe igual forma, impulsar\u00e1 una protecci\u00f3n integral de las mujeres, garantizando que las medidas de seguridad y reparaci\u00f3n del da\u00f1o sean efectivas dentro de un plazo razonable\u201d, mencion\u00f3. <\/p>\n
Y afirm\u00f3 que la reforma tambi\u00e9n asegura el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, reforzando su compromiso con la justicia con perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
\u201cEsta reforma es un paso m\u00e1s en la lucha por erradicar la violencia estructural que por a\u00f1os ha condenado al silencio y al olvido a miles de mujeres. No buscamos privilegios, buscamos igualdad; no pedimos compasi\u00f3n, exigimos justicia\u201d, concluy\u00f3 Geovanna Ba\u00f1uelos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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