“Hay números que no caben en un informe oficial (…) Detrás de los datos sobre narcobloqueos y vehículos incendiados hay algo más concreto y más urgente: familias que mañana no tiene con qué trabajar.”
Señaló la diputada Renata Ávila Valadez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en la sesión legislativa de este martes, cuando puso sobre la mesa que México necesita un mecanismo real de reparación patrimonial para las víctimas colaterales de la violencia.
Durante su intervención en asuntos generales remembró los hechos del pasado 22 de febrero, cuando una ola de narcobloqueos sacudió varias entidades del país, entre ellas Zacatecas, provocando incendios de vehículos, carreteras bloqueadas, daños a infraestructura pública y privada.
“Detrás de cada cifra hay familias que perdieron su vehículo; hay trabajadores que vieron reducido a cenizas su único medio de sustento. No podemos normalizar que personas inocentes paguen el costo inmediato de la violencia”, expuso la legisladora desde el pleno.
Ávila Valadez fue enfática en señalar que el problema no es solo de seguridad, sino de responsabilidad solidaria del Estado, a la vez que detalló que la Constitución llama al gobierno a garantizar la seguridad pública pero también a proteger los derechos humanos y a responder cuando particulares sufren daños en contextos catastróficos.
“El Estado combate, sí, pero también debe responder cuando una familia pierde su único medio de subsistencia sin haber provocado los hechos violentos, el Estado no puede voltear la mirada”, dijo.
La diputada señaló que actualmente existe un vacío: las aseguradoras suelen excluir daños derivados de perturbaciones del orden público y los mecanismos vigentes priorizan la atención a afectaciones físicas y psicológicas, pero no contemplan procedimientos ágiles para la reparación patrimonial en estos escenarios.
Por eso, la diputada hizo un llamado concreto: analizar la viabilidad de crear un fondo federal específico que permita compensar a personas físicas por la destrucción o inutilización de vehículos y herramientas de trabajo a causa de actos violentos del crimen organizado “un fondo ágil, no burocrático, pensado para llegar a tiempo.
“El combate al crimen organizado es legítimo y necesario, pero su legitimidad también depende de que no abandonemos a las familias trabajadoras que sufren daños colaterales, la seguridad debe significar también reparación y protección efectiva”, concluyó.
Al finalizar su intervención, la legisladora solicitó al pleno mantener un minuto de silencio por la memoria de Nahomí Elizabeth, joven mujer zacatecana, elemento de la Guardia Nacional, quien perdió la vida en los enfrentamientos del pasado domingo en el estado de Jalisco.
