Para garantizar el acceso de mujeres a créditos y la consolidación de emprendimientos sociales, especialmente en zonas rurales o de alta marginación, Geovanna Bañuelos propone modificar la Ley de la Economía Social y Solidaria para establecer que los programas regionales y especiales de fomento a la economía social deberán incorporar la perspectiva de género, con metas verificables sobre la participación de mujeres en la constitución, dirección y fortalecimiento de los organismos del sector.
Así como especificar que en las reglas de operación o lineamientos que emita la Secretaría del Bienestar deberán integrar un enfoque transversal de igualdad sustantiva, desarrollo inclusivo y rendición de cuentas.
Al fundamentar la propuesta, la senadora la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo señaló que aunque la Ley ya reconoce al sector social como un pilar del desarrollo nacional, no incorpora de manera explícita la perspectiva de género, ni establece mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva en el acceso a apoyos, financiamiento, capacitación y espacios de toma de decisiones.
“La falta de criterios explícitos para la inclusión de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o comunidades indígenas en los programas de financiamiento o fomento, limita los impactos que pueda tener la política pública, para aprovechar plenamente el potencial del sector social de la economía como motor de equidad, crecimiento y sostenibilidad”, mencionó.
Por ello, Geovanna Bañuelos dijo que es necesaria una reforma a la ley que introduzca como mandato la incorporación de la perspectiva de género, la inclusión social y territorial en los instrumentos existentes, y que establezca mecanismos operativos que permitan que los emprendimientos liderados por mujeres y grupos excluidos accedan en condiciones equitativas a apoyos, asesoría, capital semilla, crédito y garantías.
En este sentido, explicó que la reforma suscrita busca fortalecer el papel del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y de la Secretaría de Economía como promotores de una economía social con equidad.
Garantizando que los programas de fomento y financiamiento contemplen metas medibles de participación de mujeres, la adopción de criterios de sostenibilidad ambiental y desarrollo equilibrado, y la creación de condiciones para que los emprendimientos sociales en zonas de alta marginación puedan formalizarse, acceder al mercado, generar empleo digno y avanzar hacia la autonomía económica.
Particularmente, la reforma busca incrementar la tasa de acceso al crédito de mujeres, lideresas de proyectos sociales, reducir la brecha de género en financiamiento y consolidar un ecosistema de economía social más inclusiva, diversa y sostenible.
De acuerdo con información del Banco de México las mujeres representan sólo el 30.6% de las empresas acreditadas, 24% del saldo del crédito empresarial, y las circunstancias de incertidumbre económica tienden a agravar estas brechas.
Más de la mitad de las mujeres trabajan en el sector informal, lo que limita su acceso a seguridad social, estabilidad laboral y financiamiento formal. Dos terceras partes, se ocupa en micro y pequeñas empresas, donde las condiciones suelen ser más precarias.
Esta disparidad en el acceso al crédito no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado de factores estructurales que históricamente han limitado la participación de las mujeres en la vida económica.
“Creemos firmemente que el progreso de nuestro país solo será posible si se democratiza la economía, si se garantiza la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y si se impulsa a quienes han sostenido la vida comunitaria, el trabajo solidario y la economía familiar”, mencionó la legisladora del PT.
Finalmente, enfatizó que lo que se busca es garantizar la autonomía económica de las mujeres, fortalecer su liderazgo cooperativo y avanzar hacia un modelo de economía social con justicia, equidad e impacto territorial incluyente.
