Ciudad de México.— En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión continúa el proceso de análisis, foros y reuniones en comisiones legislativas para discutir la iniciativa de Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta tiene como objetivo fortalecer la rectoría del Estado para garantizar el derecho humano al agua, evitar usos distintos a los volúmenes concesionados, frenar el acaparamiento y la concentración del recurso hídrico y evitar que el agua sea tratada como una mercancía.
En estos espacios participan legisladoras y legisladores, especialistas y productoras y productores agropecuarios, quienes han contribuido al desarrollo de un análisis técnico y socialmente responsable del proyecto. Desde la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria —de la cual forma parte el diputado federal Ulises Mejía Haro— se han propuesto modificaciones orientadas a fortalecer la certeza jurídica, mejorar la seguridad alimentaria, garantizar la sostenibilidad hídrica y reforzar la protección del derecho humano al agua.
Ulises Mejía Haro, comentó que estas aportaciones recogen inquietudes planteadas por agricultores, ganaderos, especialistas y representantes de distintos grupos parlamentarios. El diputado federal por morena destacó que toda actualización al marco legal debe reconocer la interdependencia entre el derecho humano al agua y la producción de alimentos, recordando que “sin agua para el campo no es posible garantizar una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, como lo establece el artículo 4º constitucional”.
Mejía Haro expuso que entre los avances de la discusión se encuentra la ampliación del concepto de derecho humano al agua, que además de considerar el uso humano y doméstico, reconoce como esenciales los usos agrícola, pecuario y acuícola para la seguridad alimentaria y la salud pública. Este enfoque integral establece una jerarquía clara de prioridades, colocando primero el uso humano y doméstico y, en segundo lugar, los usos agroalimentarios indispensables para producir alimentos, combatir el hambre y sostener el ingreso de miles de familias rurales. La iniciativa también impulsa una inversión histórica para tecnificar los distritos de riego, reducir el desperdicio de agua por riegos rodados o por inundación y promover el saneamiento y reuso de aguas residuales, con el objetivo de elevar la eficiencia y la producción de alimentos.
En el proceso de análisis se han incorporado precisiones relevantes para la certeza jurídica de las y los usuarios. Entre ellas destacan el respeto a la sucesión de concesiones por fallecimiento del titular en los mismos términos en que fueron otorgadas y la garantía de que los volúmenes concesionados se respetarán conforme a los usos autorizados. Asimismo, se fortalece el vínculo entre la concesión de agua y la tierra en la compraventa de predios agrícolas y ganaderos, asegurando que los derechos del título se transfieran al nuevo propietario dentro de la misma cuenca o acuífero, lo que protege el patrimonio de las familias productoras y evita la pérdida automática de concesiones.
Otro ajuste importante que destaca el legislador federal Ulises Mejía Haro consiste en ampliar el plazo para solicitar prórrogas de concesiones hasta tres años antes de su vencimiento, lo que disminuye la discrecionalidad administrativa, reduce riesgos de negativa ficta y brinda mayor certidumbre para la planeación de inversiones y ciclos productivos. También se corrigió el Sexto Transitorio para garantizar que ningún trámite en curso resulte afectado, respetando el principio de no retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional. En materia penal, se eliminaron artículos que duplicaban conductas ya previstas en el Código Penal Federal, con el fin de preservar la coherencia normativa.
Para asegurar un proceso incluyente, se mantiene una mesa permanente de trabajo entre productoras y productores agropecuarios, representantes del Gobierno de México y legisladores federales. Coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum, esta mesa busca fortalecer la seguridad hídrica del campo, establecer reglas claras para los usuarios y avanzar hacia políticas que garanticen la producción de alimentos con sostenibilidad, equidad y justicia social.
El diputado federal Ulises Mejía Haro señaló que el dictamen avanza hacia un marco jurídico equilibrado, técnicamente sólido y socialmente responsable, que reconoce la compleja realidad hídrica del país y protege tanto el derecho humano al agua como la actividad productiva que sostiene la alimentación de millones de familias mexicanas.
