Zacatecas, Zacatecas, a 11 de noviembre de 2025
El diputado Santos González, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, presentó una iniciativa para tipificar el delito de fraude inmobiliario en el Código Penal del Estado de Zacatecas, con el objetivo de frenar el despojo de fincas mediante documentos falsos y operaciones simuladas.
La propuesta surge ante el creciente número de casos detectados en el Centro Histórico de Zacatecas, donde personas o grupos han aprovechado el abandono de inmuebles y la ausencia de sus propietarios para adjudicárselos de manera ilegal. En muchos casos, se han utilizado documentos notariales falsificados, identidades suplantadas y datos obtenidos de forma irregular en oficinas registrales o catastrales.
Estas conductas han sido denunciadas públicamente por el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas, quien advirtió sobre la existencia de operaciones fraudulentas que involucran la falsificación de sellos, firmas y escrituras, así como la suplantación de notarios de otras entidades.
El diputado Santos González destacó que, con esta iniciativa, se busca proteger el patrimonio de las familias zacatecanas y la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario, estableciendo penas más severas que el fraude común, así como agravantes específicas cuando participen servidores públicos o fedatarios, o cuando se trate de bienes con valor histórico o cultural.
De acuerdo con el documento legislativo, el fraude inmobiliario “no solo representa una pérdida económica para los legítimos propietarios, sino que afecta la confianza ciudadana, la fe pública y el orden urbano de Zacatecas” -destacó el legislador Santos González-.
La propuesta busca cerrar el paso a redes de despojo patrimonial, fortalecer la fe pública notarial y brindar a la Fiscalía General de Justicia herramientas más precisas para perseguir estos delitos.
Con esta acción, la LXV Legislatura reafirma su compromiso de proteger el patrimonio zacatecano, combatir la corrupción y preservar la integridad del Centro Histórico y de los bienes inmuebles del estado.
