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Durante la comparecencia del secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, la diputada Renata Ávila Valadez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), cuestionó la falta de resultados tangibles en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas del Gobierno del Estado, al señalar que el Cuarto Informe de Gobierno “presenta esfuerzos dispersos y una retórica de integridad sin resultados verificables”.
“La Función Pública no se mide por el número de informes ni por los discursos anticorrupción, sino por la capacidad real del Estado para sancionar, transparentar el gasto y proteger el patrimonio colectivo”, afirmó la legisladora petista.
Ávila Valadez reiteró que el informe no respeta el mandato constitucional de informar sobre el último año de gobierno, sino que presenta datos acumulados de los últimos cuatro años, lo que representa una falta.
Asimismo, señaló que, según el propio informe gubernamental, se reportan 30 fiscalizaciones directas con un monto auditado superior a 925 millones de pesos, así como mil 220 supervisiones de obra pública y 100 actos de entrega–recepción; sin embargo, no se especifica cuántas de estas auditorías derivaron en sanciones, observaciones solventadas o recuperación de recursos públicos.
“La fiscalización sin consecuencias es mero procedimiento administrativo”, subrayó.
Asimismo, destacó que, aunque en el documento se mencionan la capacitación de órganos internos de control y la conformación de Comités de Ética del Bienestar, el documento carece de indicadores de desempeño que permitan conocer si estas acciones realmente mejoraron la calidad del servicio público o redujeron prácticas discrecionales.
En cuanto a la Plataforma Digital Estatal y el Museo Virtual de la Corrupción, mencionados en el informe, la diputada lamentó que no se informen datos concretos sobre sanciones firmes o servidores públicos suspendidos o reincorporados, lo que, dijo, “mina la credibilidad institucional y convierte el discurso anticorrupción en simple simulación”.
La legisladora también cuestionó el uso del gobierno digital, pues, aunque se reportan más de 900 mil transacciones certificadas electrónicamente, el informe omite detallar qué dependencias concentran esos trámites, si se redujeron los tiempos de atención o si la ciudadanía puede consultar los resultados de auditorías en portales abiertos.
Finalmente, la diputada del PT sostuvo que la Secretaría de la Función Pública no puede ser una oficina de trámite ni una vitrina de discursos anticorrupción, sino el verdadero centro del control del poder, y exigió resultados medibles, auditorías públicas y sanciones ejemplares.
“Porque la transparencia sin consecuencias no es virtud: es simulación institucional”, concluyó.
