Reformas en materia de Ley de Amparo permiten modernizar este instrumento jurídico garantizando que sea más ágil, más accesible y más eficaz; sin renunciar a su esencia: la protección frente a los abusos de autoridad aseguró la senadora Geovanna Bañuelos.
Al fundamentar a favor del dictamen que reforma la Ley de Amparo, la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) recordó que el Juicio de Amparo es la primera línea de defensa de las personas frente a actos arbitrarios de la autoridad, por lo que es sumamente necesario fortalecerlo.
En este sentido, enfatizó que con los cambios propuestos por el Ejecutivo se da certidumbre en las interpretaciones erróneas del interés legítimo y se amplía su definición.
“No se limita la defensa de intereses colectivos o difusos en materia ambiental, de salud, de derechos laborales o sociales, de comunidades y pueblos originarios; la reforma no asimila el interés legítimo al interés jurídico, al contrario, lo diferencia con claridad, evitando que quede reducido únicamente a quienes acrediten afectación directa a sus derechos subjetivos”, explicó.
En tribuna, Geovanna Bañuelos destacó que se fortalece el régimen de suspensión al establecer con precisión la hipótesis de improcedencia siempre privilegiando el interés social y el orden público.
“De esta forma se impide que la suspensión sea utilizada para obstaculizar políticas públicas, eludir responsabilidades fiscales o mantener actividades ilícitas como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo”, mencionó.
Además, la legisladora por Zacatecas dijo que otro avance fundamental es la consolidación del juicio de amparo digital que brinda una justicia más accesible, ágil y cercana a la ciudadanía, sin afectar los tradicionales medios de promoción.
“El modelo se plantea en forma opcional y progresiva se establecen plazos y sanciones frente a dilaciones procesales, la justicia tardía deja de ser justicia por ello se fijan términos claros para la emisión de resoluciones y para la admisión de demandas y recursos”.
En el ámbito fiscal, la reforma impide que los medios de defensa se utilicen como pretexto para frenar la recaudación de créditos fiscales firmes, con ello se cierra la puerta a prácticas abusivas que afectan la capacidad del Estado para financiar programas sociales, infraestructura y políticas públicas en beneficio del pueblo.
Finalmente, la líder petista anunció el voto a favor del GPPT porque se reconoce en él un esfuerzo por consolidar un Poder Judicial que sirva al pueblo, que no esté al servicio de élites ni de intereses particulares y que coloque en el centro de su actuación la defensa de los derechos humanos.
“Un derecho justo que defienda al pueblo de México”, concluyó Geovanna Bañuelos.
