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Geovanna Bañuelos llama a los gobiernos de las 32 entidades federativas a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría del Bienestar para crear campañas de difusión para dar a conocer los requisitos, mecanismos, sedes y horarios para el registro de la población para el Programa Vivienda para el Bienestar con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo informa que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024, se calcula que el Rezago Habitacional Ampliado en México, alcanzó las 8 millones 381 mil 545 viviendas, lo que representa el 21.9% del total de viviendas habitadas en el país.
Este rezago se clasifica en viviendas con hacinamiento, un millón 100 mil 860; viviendas con materiales precarios en su construcción, 7 millones 187 mil 679; y viviendas sin excusado, 93 mil 006.
Además, se prevé que el número total de hogares en el país pasará de 36 millones en 2020 a más de 55 millones en 2050, lo que significa un incremento de 19.4 millones de hogares.
Este cambio, acompañado de transformaciones en la estructura familiar, como el aumento de hogares unipersonales y la reducción del tamaño promedio por vivienda de 3.6 a 2.6 personas, implica la necesidad de rediseñar y fortalecer las políticas públicas de vivienda, priorizando la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, Geovanna Bañuelos recuerda que el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México tiene como objetivo garantizar el derecho a la vivienda adecuada mediante la construcción de conjuntos habitacionales dignos, con servicios básicos y en entornos seguros.
Pero sobre todo busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, zonas rurales, indígenas o con carencias sociales.
El pasado 11 de agosto de 2025 se anunció el inicio del registro para este programa, el cual comenzó en 20 entidades federativas: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con la instalación de módulos de registro en puntos estratégicos.
El registro se realiza de manera presencial y directa, sin intermediarios, en módulos comunitarios, asambleas y visitas domiciliarias, con el fin de acercar la información y el proceso a las comunidades beneficiarias.
No obstante, para que este esfuerzo gubernamental logre un impacto real y se garantice que la mayor cantidad de personas posibles conozcan y accedan al programa, es indispensable que los gobiernos de las 32 entidades federativas se sumen de manera activa a la estrategia de difusión.
Ello implica poner a disposición espacios físicos y aprovechar los medios de comunicación masiva y las redes sociales oficiales, para informar claramente sobre requisitos, mecanismos, sedes y horarios de registro.
Geovanna Bañuelos refrenda su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas y con la materialización efectiva del derecho a la vivienda adecuada, convencido de que una política habitacional incluyente y coordinada entre los tres niveles de gobierno es esencial para combatir el rezago habitacional y construir un país más justo y solidario.
El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para su análisis y posterior dictamen.
