La diputada Patricia Mercado Castro (MC), presidenta de la Comisión de Movilidad, propondrá a la junta directiva de esa instancia, convocar a reuniones con organizaciones, autoridades de movilidad de los estados, instituciones del Gobierno Federal y sociedad civil, a fin de dialogar sobre una normativa para la regulación de motocicletas, debido al incremento de accidentes.
Dijo que las reuniones serían para buscar soluciones y escuchar ideas sobre el tema, ya que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya refiere el uso de motocicletas que están consideradas como vehículo particular motorizado y, por lo tanto, tienen las mismas reglas que los automóviles.
Señaló que se debe analizar si es necesario ampliar el marco general para fortalecer las capacidades de estados y municipios en sus reglamentos de tránsito, ya que esta es una preocupación de organizaciones de la sociedad civil, grupos parlamentarios y Ejecutivo Federal.
“Me parece que, si bien la presidenta de la República va a mandar una iniciativa sobre el tema de una regulación nacional de motos, como Comisión podríamos empezar a trabajar por lo menos escuchando a actores e instituciones sobre qué es lo que están haciendo y qué es lo que proponen en este sentido”, agregó.
Mencionó que también se abordaría el tema del servicio que dan las aplicaciones sobre motocicletas, las cuales no cuentan con una reglamentación y eso es “muy peligroso, no del lado de la aplicación sino desde el uso de motocicletas”.
Dijo que en la ley ya esta está reglamentado qué tipo de casco se debe usar, que no pueden viajar más de dos personas, ni menores de 12 años y se establecen las velocidades; sin embargo, “quizás haya que robustecer esos capítulos para evitar tanta muerte y siniestros en motocicletas”.
Reiteró que solicitará las reuniones para convocar a las organizaciones antes mencionadas para ir construyendo “la posibilidad de una reforma o no, o ya es suficiente y se lo dejamos a los estados, pero me parece que tenemos que entrarle a ese tema”.
Dictámenes
En la reunión, la Comisión aprobó dos dictámenes en sentido negativo; el primero, planteaba reformar las fracciones I y IX del artículo 1; XXIII, XLVI y LXVII del artículo 3; VII del artículo 25, y modificar el artículo 78 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La presidenta de la Comisión explicó que se recibieron dos opiniones en sentido negativo de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La iniciativa proponía incluir, como parte de la política de movilidad y seguridad vial, la prevención de hechos delictivos, y que en la gestión de factores de riesgo se consideren los efectos del quehacer delincuencial en carreteras, caminos y puentes en los tres órdenes de gobierno.
El segundo dictamen en sentido negativo es a la iniciativa que buscaba adicionar un artículo 50 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de establecer la prohibición de emisión de alertas sobre controles de tránsito en aplicaciones de navegación y asistencia en tiempo real.
La diputada Mercado Castro señaló que la instancia legislativa coincide con la preocupación planteada respecto a la importancia de la seguridad vial para salvaguardar la vida de las personas en sus desplazamientos.
Sin embargo, consideró que el contenido de la propuesta podría incurrir en una colisión de derechos, pues se restringiría el libre acceso a la información, el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión y de acceso a las tecnologías de información y telecomunicación.
