Ante el incremento de redadas en Estados Unidos para la detención y deportación de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), las senadoras Geovanna Bañuelos solicita a Secretaría de Relaciones Exteriores que a través de la red consular se fortalezcan acciones, difusión y promoción de derechos de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) pide también a los gobiernos de las 32 entidades federativas diseñar programas y políticas enfocadas a la generación de empleo para los migrantes retornados a sus comunidades de origen y de esta forma facilitar su inclusión en la vida social.
En el documento inscrito en la Gaceta de la Comisión Permanente, la legisladora por Zacatecas resalta que la situación de las personas migrantes en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos en las últimas décadas.
“A medida que se endurecen las políticas migratorias, se debilita la esperanza de millones de personas que ven en aquel país la oportunidad de rehacer su vida, huir de la violencia o escapar de la pobreza”, señala.
Al fundamentar la propuesta, la senadora Geovanna Bañuelos recordó que la actual administración de Donald Trump, a través de órdenes ejecutivas, ha endurecido los controles y las políticas migratorias para lograr el objetivo de la cifra de un millón de deportados durante el primer año del Presidente Trump.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la situación actual de las personas migrantes en Estados Unidos no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad nacional o de política exterior. Se trata, ante todo, de una cuestión de derechos humanos, de justicia y de coherencia con los valores democráticos que el país dice representar”, destaca.
Las medidas implementadas por el gobierno estadounidense han provocado miedo entre comunidades migrantes y han dificultado aún más el acceso a vías legales de protección.
En el caso de México, de enero a la fecha se han deportado a 56 mil 300 mexicanos. Lamentablemente, las redadas y detenciones no distinguen entre quienes tienen décadas residiendo en el país, quienes tienen hijos ciudadanos o quienes trabajan de forma honesta.
“En este contexto, el desconocimiento de sus derechos expone aún más a los migrantes mexicanos a abusos, detenciones arbitrarias y deportaciones injustificadas”, resalta la legisladora.
Por ello, Geovanna Bañuelos enfatiza sobre la red consular de México en Estados Unidos la cual debe evolucionar de una estructura de atención reactiva a una de acción preventiva y para ellos es necesario intensificar campañas informativas, talleres comunitarios, alianzas con organizaciones locales y uso de plataformas digitales para que cada persona migrante sepa que, incluso sin documentos, tiene derechos que deben ser respetados.
La legisladora por Zacatecas aseveró que uno de los mayores desafíos que se enfrentan es combatir la desinformación, producto del temor, aislamiento y barreras del idioma; por lo que la presencia activa, pedagógica y accesible de los consulados es un escudo fundamental frente a los excesos de las autoridades migratorias.
“Muchos migrantes ignoran que tienen derecho a guardar silencio, a no firmar documentos sin presencia legal, a tener acceso a un abogado y a hacer una llamada telefónica en caso de detención. Otros no saben que pueden contar con el respaldo consular para obtener orientación, documentos, asesoría legal o apoyo en situaciones de emergencia”, mencionó la líder parlamentaria.
En este sentido, Geovanna Bañuelos aseguró que proteger a los connacionales no puede limitarse a brindar asistencia legal una vez que ya han sido detenidos o deportados, sino que debe existir una estrategia de prevención y acompañamiento sostenido.
“Es urgente recordar que los derechos humanos no dependen de un papel, una visa o un permiso de trabajo: son inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanas”, enfatizó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, para su análisis y posterior dictaminación.
