El senador Juan Carlos Loera de la Rosa promoverá una iniciativa para crear una comisión en la materia.
Con la demanda de garantizar el derecho humano a la participación ciudadana en el marco jurídico a través de una ley en la materia, se realizó el conversatorio “Hablemos de democracia participativa”, convocado por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.
El encuentro contribuirá a establecer un vínculo entre la agenda legislativa del Senado de la República y las propuestas de la Alianza Nacional RegidorMX, conformada por líderes que por años han impulsado, “desde lo más profundo de nuestras comunidades, un proyecto para agilizar, evaluar, proponer y, en su caso, reorientar el ejercicio de los gobiernos municipales”, explicó el legislador.
Al respecto, Loera de la Rosa dio a conocer que preparó una iniciativa para incorporar una fracción al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe la conformación de una comisión de Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados.
Destacó que la propuesta es relevante porque crea la base organizacional y operativa para que la Cámara de Diputados desahogue, con mejores recursos, la inmensa agenda de participación ciudadana que deben atender los legisladores, así como una ley en la materia.
Agregó que la alianza ciudadana plantea al Congreso de la Unión la urgencia de comenzar un diálogo, con el propósito de elaborar una iniciativa ciudadana que construya un marco jurídico para facilitar el ejercicio pleno del derecho humano a la participación ciudadana.
El modelo que impulsa la alianza de contraloría y participación social ya opera en 21 municipios, distribuidos y representativos de lo que se vive en las grandes regiones de México, añadió.
Recordó que está pendiente una gran deuda con movimientos como el de 1968 en México, en el que un régimen autoritario ahogaba todas las expresiones de inconformidad; aunque consideró que esa expresión de participación política fue exitosa con el tiempo y gracias a ella México transitó muy pronto hacia una sociedad más democrática.
Por otro lado, mencionó el ejemplo del ingeniero Miguel Fernández Iturriza, quien desde fines de los 90 consideró que era necesario enriquecer la vida pública de Ciudad Juárez con un organismo de participación ciudadana único, que representara a todos los sectores sociales de la sociedad.
De esa convicción, dijo, surgió la idea de enfocar los esfuerzos para mejorar los procesos de los gobiernos municipales, con un proceso permanente de evaluación y vigilancia de los principales organismos públicos, lo cual influyó para contar en la actualidad con una alianza ciudadana que promueve un marco jurídico para garantizar el derecho a la participación.
Por su parte, el director del Plan Estratégico de Juárez, Sergio Meza de Anda, señaló que es valiosa la propuesta del senador Juan Carlos Loera de la Rosa para constituir una comisión en la materia, y planteó la creación de una ley de Participación Ciudadana con propuestas de la ciudadanía y atención a las comunidades, ya que cada zona tiene su propia interpretación de lo que es México.
Sin embargo, señaló que es necesario aprender de lo que no ha salido bien para no dar armas a gobiernos autoritarios, además, manifestó la urgencia de rediseñar al municipio en México, ya que como orden de gobierno se encuentra limitado y dependiente de la federación.
A su vez, Abelamar Chacón Rodríguez, coordinador de la Alianza Nacional RegidorMx Chihuahua, señaló que no se puede hablar de democracia sin permitir la participación ciudadana, por lo que planteó la propuesta a senadoras y senadores para construir espacios de democracia cotidiana, más allá de las elecciones constitucionales o de las oportunidades de elegir a los representantes.
En su oportunidad, la coordinadora de Política Colectiva, Pamela Pérez Gómez, dijo que para ejercer el derecho a la participación son necesarias reglas claras y entendibles para todas las personas. Además, llamó a no perder de vista el concepto de universalidad, ya que a pesar de que todos los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación en todas las regiones, no sucede así.
