Con una postura firme y una convicción clara de que el Estado debe actuar de forma decidida frente a las violencias que enfrentan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en Zacatecas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Estado presentó dos iniciativas que reflejan una preocupación real por las omisiones institucionales y una apuesta por reformas estructurales.
Ambas acciones legislativas, encabezadas por el diputado Alfredo Femat Bañuelos y la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, se interconectan desde un principio común: proteger a quienes hoy están más expuestos a la impunidad y al abandono estatal.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado Alfredo Femat presentó una iniciativa con proyecto de decreto para crear el Registro Estatal de Personas Condenadas por Delitos Sexuales en Zacatecas. Este instrumento legal busca cerrar las puertas a los agresores, limitar su reincidencia y establecer un mecanismo eficaz de prevención en espacios donde conviven NNA.
El registro estará estrictamente reservado a autoridades competentes, evitando así vulnerar principios de presunción de inocencia o protección de datos personales, pero permitiendo verificaciones formales por parte de instituciones educativas, deportivas, culturales y centros de atención infantil antes de contratar a cualquier persona.
Femat Bañuelos fue categórico al afirmar que no basta con castigar a los agresores, sino que el Estado debe impedir que reincidan y garantizar que jamás vuelvan a estar cerca de una potencial víctima.
La iniciativa contempla reformas a la Ley de Seguridad Pública, al Código Penal, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se establece que la inscripción en el registro formará parte de la sentencia penal y que su permanencia se extenderá hasta diez años después de cumplida la condena.
Solo quienes demuestren rehabilitación y ausencia de reincidencia podrán solicitar su eliminación. Asimismo, se obliga a consultar este registro al emitir órdenes de protección en casos de violencia sexual, reforzando la acción preventiva del sistema judicial.
Desde una perspectiva comparada, el legislador subrayó que países como Canadá, Chile y España ya cuentan con registros similares, diseñados bajo criterios de confidencialidad y orientados a garantizar la seguridad de los NNA sin vulnerar derechos fundamentales. “Zacatecas no puede seguir ignorando el riesgo latente de permitir que agresores sexuales trabajen en entornos escolares, culturales o deportivos. La seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes está primero”, enfatizó.
El diputado sostuvo que uno de los errores más graves del sistema penal es pensar que la sanción por sí sola es suficiente, señaló que la realidad ha demostrado que muchos agresores sexuales reinciden, especialmente cuando siguen vinculados es entornos done hay niñas, niños y adolescentes.
Por ello, subrayó que el Estado debe actuar con mecanismos que no solo castiguen, sino que prevengan y anticipen el daño. El Registro Estatal de Agresores Sexuales representa precisamente eso: una herramienta preventiva, de control institucional, diseñada con respeto a los derechos humanos, pero centrada en la protección efectiva de quienes podrían verse expuestos a nuevas agresiones.
Insistió en que la creación de este registro no es una medida aislada, sino parte de una visión más amplia de seguridad pública con enfoque de derechos. Advitió que en Zacatecas se ha normalizado la falta de filtros para quienes trabajan con población infantil y adolescente, lo que ha dejado vacíos legales inaceptables. Con esta iniciativa, se establece una corresponsabilidad entre autoridades, instituciones y sociedad para garantizar que ningún agresor vuelva a tener acceso a espacios donde pueda repetir conductas de abuso o violencia.
Por su parte, la diputada Renata Ávila presentó una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y a la Procuraduría de Protección de NNA a que rindan cuentas de manera pública ante la LXV Legislatura, e informen cuál es el verdadero estado que guarda la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia en Zacatecas.
Destacó que, a pesar de contar con leyes armonizadas, las estructuras encargadas de proteger a los NNA carecen de recursos suficientes, diagnósticos actualizados y mecanismos reales de acción, mientras las cifras de violencia, trabajo infantil, embarazos adolescentes y desapariciones siguen aumentando.
Ávila Valadez fue directa al afirmar que “no se puede seguir celebrando el Día del Niño solo con festivales mientras las instituciones no pueden ni siquiera dar seguimiento a los casos de violencia o cumplir con su obligación de informar, este Congreso tiene la responsabilidad de exigir cuentas, pero también de impulsar reformas que garanticen derechos más allá del papel”.
La propuesta exige que, en un plazo no mayor a 60 días, SIPINNA y la Procuraduría presenten un informe detallado sobre avances, omisiones, necesidades presupuestales y propuestas legislativas. Además, plantea la instalación de una mesa técnica permanente para revisar el marco legal vigente y construir un Sistema Estatal de Indicadores de Derechos de NNA que permita tomar decisiones basadas en evidencia.
Los diputados indicaron que ambas propuestas reflejan una línea clara: el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no tolerará la inacción institucional frente a la violencia que viven los NNA y que desde el Poder Legislativo, han puesto en marcha una ruta crítica para enfrentar de fondo la omisión, exigir responsabilidad a quienes deben proteger, y construir herramientas eficaces de prevención, protección y justicia a los menores.
“Lo decimos con claridad: las niñas, niños y adolescentes no pueden seguir siendo los grandes olvidados de la política pública. Esta Legislatura tiene el deber histórico de actuar y no ser cómplice del silencio institucional”, concluyeron.
