La diputada Renata Libertad Ávila Valadez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa con proyecto de decreto para declarar al Barrio de San Pedro como Barrio de Relevancia Histórica y Cultural del Municipio de Zacatecas.
Durante la lectura del documento, vecinas y vecinos del Barrio de San Pedro acudieron al recinto legislativo para acompañar la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen.
Ávila Valadez subrayó que el reconocimiento no solo responde a la importancia del barrio en la historia urbana de Zacatecas, sino también a su identidad comunitaria, tradiciones orales y oficios populares. “Este barrio conserva no sólo piedra y cantera, sino también memoria, cultura viva y una profunda raíz colectiva”, expresó desde tribuna.
La iniciativa resalta elementos clave como el Acueducto, construido entre los siglos XVIII y XIX, y la antigua Plaza de Toros San Pedro, que fue centro de espectáculos durante el siglo XIX. Asimismo, se mencionan espacios emblemáticos como la Plazuela de las Carretas, los callejones con leyendas urbanas como el de los Perros y los Pericos, así como las antiguas vecindades, talleres y comercios tradicionales que dan vida al barrio.
La propuesta contempla que este decreto sirva como base para la elaboración de un expediente técnico-cultural que permita gestionar recursos y programas estatales y federales para la conservación y difusión del patrimonio del barrio.
Finalmente, se exhorta a la Secretaría de Turismo del Estado a considerar al Barrio de San Pedro como candidato al Programa Federal de Barrios Mágicos, una vez publicada la convocatoria correspondiente.
Armonización legislativa del nuevo modelo de justicia en Zacatecas.
En otro orden de ideas, Renata Ávila, presentó ante la LXV Legislatura una iniciativa más para derogar facultades del Congreso local en la designación de magistraturas, con el objetivo de consolidar el proceso de armonización legislativa y asegurar la plena vigencia del nuevo modelo de justicia en Zacatecas.
La propuesta consiste en derogar la fracción I del artículo 24, así como las fracciones VII, VIII y IX del artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, disposiciones que hasta ahora permitían al Congreso local intervenir directamente en el nombramiento de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática y del Tribunal de Justicia Administrativa.
“La armonización legislativa no es una opción, es una obligación constitucional. No podemos permitir que normas secundarias contradigan lo establecido en nuestra Carta Magna ni en la Constitución del Estado”, sostuvo la legisladora.
