La senadora Geovanna Bañuelos solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las autoridades de seguridad en las 32 entidades federativas, brindar protección a niñas, niños y adolescentes migrantes que están siendo deportados con las políticas implementadas por Estados Unidos.
Lo anterior, dado que al ser menores de edad se convierten en un grupo de doble situación de vulnerabilidad y con peligro de sufrir delitos como trata de personas, extorsión o ser reclutados por grupos delictivos y del crimen organizado.
Asimismo, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pide a la Secretaría de Gobernación coordinarse con los gobiernos estatales, especialmente con las entidades de la frontera norte, para establecer albergues temporales para niñas, niños y adolescentes migrantes de origen mexicano que retornen a territorio nacional con el objetivo de proteger su integridad física, su dignidad y sus derechos humanos.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado Geovanna Bañuelos llama al Instituto Nacional de Migración, para que en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se refuercen las medidas de atención, auxilio y seguimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes, garantizando en todo momento sus derechos humanos.
En el documento inscrito en la Gaceta, la legisladora por Zacatecas destaca que las niñas, niños y adolescentes migrantes representan uno de los grupos más vulnerables dentro de los flujos migratorios.
En América Latina y el Caribe, por ejemplo, se ha observado un aumento significativo en el número de niñas, niños y adolescentes migrantes, muchos de ellos menores de 11 años, lo que plantea desafíos adicionales para las políticas migratorias y las respuestas humanitarias en la región.
Ya que los menores de edad enfrentan riesgos específicos como: separación familiar; reclutamiento por parte de grupos delictivos y el acceso limitado a educación y salud.
Geovanna Bañuelos advierte que la migración de niñas, niños y adolescentes es un fenómeno creciente. Y con las políticas antiinmigrantes implementadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se enfrentan múltiples desafíos humanitarios y legales.
La problemática de por sí ya es grave y podría agravarse más. Tan solo en 2024, Estados Unidos deportó a 28 mil 270 niñas, niños y adolescentes mexicanos, solos o en compañía de sus familias. Esta es la cifra más alta desde 2008, cuando hubo 34 mil 083 casos, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
De los 28 mil 270 niños y adolescentes mexicanos retornados, 16 mil 303 tienen entre 12 y 17 años, y 1 mil 967, entre 0 y 11 años. De este último grupo, 11 mil 813 viajaron acompañados y 154, solos.
“Derivado de esta situación, es imperante que durante su repatriación se vele por sus derechos humanos, asimismo, se asegure su integridad y su dignidad. La problemática de las niñas, niños y adolescentes migrantes que el gobierno de Estados Unidos busca deportar es multifacética y requiere una atención urgente”, asegura Geovanna Bañuelos.
En este sentido, asevera que es esencial que las políticas migratorias prioricen el bienestar y los derechos de los menores, asegurando su protección y acceso a procedimientos legales justos.
Además, de garantizar la atención de los efectos psicológicos y sociales que estas políticas tienen en los niños y sus familias, promoviendo soluciones que garanticen su integridad y dignidad.
“En el Partido del Trabajo hemos enfatizado la necesidad de establecer mecanismos de apoyo para los migrantes y sobre todo para los más vulnerables, evitando que sufran riesgos como trata de personas, explotación infantil, reclutamiento al crimen organizado, entre otros”, concluyó Geovanna Bañuelos.
