Desde la tribuna del Congreso del Estado de Zacatecas, la Diputada Renata Ávila Valadez, en representación de los trabajadores activos y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), expuso la preocupante situación financiera que enfrenta la institución. A pesar de la reforma aprobada en agosto de 2024 por la LXIV Legislatura, que incrementó las cuotas y aportaciones de los trabajadores para mitigar el déficit financiero.
A pesar de ello, el ISSSTEZAC continúa en una posición crítica, con un déficit que alcanzó los 160.7 millones de pesos en 2024. Ávila Valadez advirtió que la reforma, además de ser insuficiente, fue regresiva y afectó directamente el patrimonio y la economía de los trabajadores, sin resolver las causas profundas de la crisis.
La Diputada destacó que la medida se centró únicamente en ajustar el sistema de pensiones, dejando sin cambios el aparato administrativo que, por años, ha estado marcado por la corrupción y la ineficiencia. Sin una reestructuración integral, la sostenibilidad del ISSSTEZAC continúa en riesgo. Se proyecta que para 2027, el número de pensionados habrá aumentado en un 71%, lo que incrementará el costo anual de las pensiones a más de mil 600 millones de pesos, poniendo en riesgo la estabilidad de los fondos de los jubilados y de las generaciones futuras de agremiados.
Señaló que el Congreso de Zacatecas fue notificado el 24 de octubre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la inconstitucionalidad de los artículos 74, 128 y 128 bis de la reforma al ISSSTEZAC. La SCJN, a través de la Ministra Loretta Ortiz, resolvió que estos artículos vulneran derechos, lo cual obliga al Congreso a responder a estas observaciones en un plazo de 15 días hábiles, venciendo el próximo 8 de noviembre, recordó.
Frente a esta situación, la legisladora expuso las exigencias de los agremiados de que el actual director del ISSSTEZAC, José Ignacio Sánchez González, y el auditor superior del estado, Raúl Brito Berumen, comparezcan ante el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión. Renata Ávila hizo hincapié en que los trabajadores han sufrido las consecuencias de la mala administración del ISSSTEZAC, mientras que quienes causaron el desfalco han quedado protegidos por acuerdos políticos, eludiendo el castigo legal.
“Es inaceptable que aquellos responsables de la crisis en el ISSSTEZAC sigan sin enfrentar consecuencias, mientras los trabajadores ven cómo sus ahorros y su patrimonio son afectados por decisiones administrativas negligentes”, declaró Ávila Valadez. Asimismo, se cuestiona al auditor Brito Berumen por no haber judicializado los casos de desfalco documentados en la última auditoría, promovida por la exdiputada Alma Dávila, que resultó en 106 observaciones, de las cuales 63 señalan responsabilidades específicas. A pesar de esta evidencia, Brito Berumen argumenta ahora que la acción judicial es difícil debido a la prescripción de delitos.
La diputada, subrayó que esta falta de transparencia y justicia no puede continuar en una institución creada para proteger los intereses de los trabajadores. Solicitó además que se revisen las gestiones de anteriores directores del ISSSTEZAC para evaluar las decisiones y actos de corrupción que llevaron a la institución a su actual crisis.
Por último, enfatizó que los agremiados piden que los responsables de estos abusos enfrenten las consecuencias legales para restablecer la confianza en el ISSSTEZAC y proteger el futuro de los trabajadores zacatecanos.
