• La coordinadora del GPPAN crítica a Morena por no acatar ninguna de las más de 70 suspensiones a la reforma judicial dictadas en 15 estados
• “La historia nos enseña que las guerras y las peores masacres en el mundo fueron impulsadas por opresores, bajo la justificación de salvar al pueblo”
Noemí Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), alertó que, con su actuación irresponsable y mentirosa, el oficialismo disfraza el autoritarismo de democracia pues con una mano en la Constitución y la otra en su propia agenda, viola impunemente las leyes, las instituciones y traiciona al pueblo que dice representar mientras consolida su poder a cualquier costo.
El señalamiento lo hizo al reflexionar sobre la crisis de legalidad e institucionalidad que enfrenta el país, específicamente en el Congreso de la Unión, donde el oficialismo aplica su aplanadora para aprobar con urgencia el paquete de reformas constitucionales enviado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al que le da continuidad la sucesora Claudia Sheinbaum, sin importarles violar los derechos de las y los mexicanos.
La dirigente panista en la Cámara de Diputados criticó que, hasta ahora, Morena no ha acatado ninguna de las más de 70 suspensiones dictadas por juzgadores en 15 entidades para detener la reforma judicial, de ahí que cuestionó: “cuando el poder se viste de democracia; pero actúa como tiranía ¿seguimos en una república o ya vivimos en una dictadura?”.
En ese sentido, aseguró que en México somos testigos de cómo el oficialismo, liderado por Morena y sus cómplices del PVEM y el PT “han convertido la democracia en una fachada grotesca para ocultar su creciente autoritarismo” y recordó que “la historia nos enseña que las guerras y las peores masacres en el mundo fueron impulsadas por opresores, bajo la justificación de salvar al pueblo”.
La zacatecana reconoció que desde el sexenio pasado se inició la crisis de constitucionalidad y fue promovida desde el propio Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, quien despotricaba contra todo y contra todos cada vez que se le contradecía o se le obligaba a cumplir la ley, reaccionando con encono, venganza y llamados a la desobediencia de los mandatos judiciales cuando no se cumplían sus caprichos.
Responsabilizó al expresidente morenista de ser quien tiene a México en esta desafortunada situación de división, confrontación entre la sociedad y de avasallamiento a la oposición y a quienes considera enemigos, dado que siempre mostró desprecio por la legalidad y las instituciones, pensamiento que quedó plasmado en su famosa frase “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
“Esa herencia la entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través del paquete de 20 reformas que envió al Congreso de la Unión; 18, constitucionales. Ella es la receptora del legado -circunscrito al canon de los populismos- para seguir y concluir la obra de destrucción de la República”, señaló al indicar que sólo bajo esas circunstancias se explica la premura y la aprobación de 10 de las reformas en menos de un mes.
Desde su llegada al poder, el oficialismo ha emprendido una campaña para polarizar a la sociedad y desmantelar nuestras instituciones democráticas. Ahora, amparándose en un supuesto respaldo popular que no obtuvieron legítimamente en las urnas, se dedican a violar la ley, desacatar órdenes judiciales y atemorizar a los jueces que, con integridad y valentía, defienden la legalidad y la división de poderes.
Ante tal situación, a nombre del blanquiazul la también Secretaria General del PAN nacional externó sus apoyo y solidaridad a las y los juzgadores violentados por emitir resoluciones para detener el avance de la Reforma Judicial, especialmente a la Jueza Nancy Juárez, que ordenó a Sheinbaum bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), disposición que aún no cumple.
Finalmente, dijo que desde el PAN se exige respeto absoluto a la Constitución; se condena la intimidación a personas juzgadoras; se llama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse ante los flagrantes incumplimientos del Ejecutivo a las resoluciones judiciales; y se demanda a la Presidenta Sheinbaum garantizar y hacer cumplir la legalidad.
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