
Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, evadió todos los cuestionamientos de Renata Ávila Valadez, diputada local por el Partido del Trabajo (PT), quien, entre otros temas, preguntó sobre las responsabilidades y sanciones a los elementos que participaron en los hechos del pasado 8 de marzo, cuando un grupo de manifestantes fue reprimido en la movilización por el Día Internacional de la Mujer, lo anterior en el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, gobernador del estado.
“Ayer el secretario general de Gobierno, ante este poder negó tajantemente haber dado indicaciones a los elementos policiacos que participaron en el operativo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que derivó en múltiples violaciones de derechos humanos a las manifestantes. Preguntarle entonces a usted: ¿quién dio la orden? Y si no hubo orden alguna, ¿existe una investigación interna para fincar responsabilidades, ¿Hay sancionados o sancionadas en las corporaciones?” expuso.
En otro orden de ideas, la diputada pidió que se detallaran “las estrategias para la reducción de los delitos que más se cometen en la entidad y en los que no hay disminución, como el robo en todas sus modalidades, violencia familiar y delitos sexuales”, a la vez que señaló el incremento en los casos de desaparición y no localización de personas.
Ávila Valdez cuestionó al secretario sobre el número de casos de acoso y hostigamiento sexual al interior de las corporaciones a su cargo y las sanciones administrativas por hechos de esta naturaleza; así como el acompañamiento que se da a las familias, víctimas indirectas, de los policías víctimas de homicidio en el ejercicio de sus labores.
Otro de los cuestionamientos de la legisladora, giro en torno a “las denuncias de falta de servicios médicos al interior del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas y cuáles son las gestiones como miembro del consejo estatal de salud”.
Renata Ávila, reconoció que hay una tendencia a la baja en los delitos de homicidio doloso y extorsión, sin embargo, consideró que “un gobierno que no puede ofrecer seguridad pública es un gobierno que no puede ofrecer las condiciones básicas de una vida civilizada, las y los zacatecanos, quienes nacimos, crecimos y vivimos aquí, merecemos paz real”.



