Con el fin de dignificar el servicio social, anteponiendo en todo momento la integridad, seguridad y salud de las y los prestadores, la senadora Geovanna Bañuelos propuso reformar el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México; así como el artículo 6 y el artículo 15 de la Ley General de Educación Superior; y el artículo 138 Bis de la Ley General de Educación.
Al fundamentar la propuesta, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que con la propuesta se busca redefinir el servicio social como la realización de actividades y funciones de carácter primordialmente social y mediante retribución que ejecuten y presten las y los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad, el Estado y su vida académica.
Y otorgar la posibilidad a los profesionistas de poder elegir dónde realizar su servicio social, mismo que tendrá que contribuir al desarrollo integral académico y profesional del sector estudiantil.
Establece que tanto la institución educativa como la institución receptora están obligadas a velar por la integridad física y mental de las y los prestadores del servicio social, por lo que, por ningún motivo, estas Instituciones podrán obligar a una persona a prestar el servicio social en un lugar o en condiciones que pongan en peligro su integridad física, salud mental o su vida.
Geovanna Bañuelos señaló que desde su origen, el servicio social se convirtió en una actividad fundamental para el desarrollo profesional y humano en el contexto educativo y laboral, se fomenta en los estudiantes el sentido de responsabilidad social, recordándoles que su educación no sólo es para beneficio personal, sino también para contribuir al bienestar colectivo.
No obstante, dijo, los prestadores de servicio nunca han estado exentos de realizar actividades y retos complejos, apartándolos de una oportunidad de enseñanza; e incluso, en algunos casos se ha visto afectada su salud mental, han estado en peligro e incluso han perdido la vida.
“Recordamos la vida de Luis Fernando Montes de Oca Armas, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien fue asesinado en 2021 en Valparaíso, Zacatecas mientras realizaba su servicio social. O el terrible caso de Mariana Sánchez Dávalos, una joven pasante de medicina de 24 años que hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, la cual fue hallada muerta en su cuarto el 28 de enero de 2021”, mencionó.
Estos casos, aseveró Geovanna Bañuelos, reflejan la falta de garantías que tienen los estudiantes que realizan el servicio social en México, donde no existen previsiones legales ni mecanismos efectivos para garantizar su seguridad, su integridad física y su salud mental, cuando se encuentran en peligro por el ejercicio de las funciones.
Por ello, la legisladora por Zacatecas subrayó que para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es fundamental que las instituciones educativas y las organizaciones receptoras colaboren para asegurar que el servicio social sea una experiencia enriquecedora y significativa para las y los estudiantes, así como garantizar su integridad.
En este sentido, explicó que otro de los objetivos de la propuesta es obligar a la Secretaría de Educación contar con un procedimiento especial para recibir quejas de las personas prestadoras del servicio social y emitir medidas para garantizar la no repetición y la reparación integral del daño por parte de las Instituciones Educativas y Receptoras.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictaminación.
