El alcalde asegura que los exfuncionarios señalados fueron llamados a presentar aclaraciones, pero no lograron acreditar las obras y acciones cuestionadas; los expedientes ya fueron turnados a las autoridades mediante ocho denuncias con sus respectivos folios de investigación.
AHUALULCO DEL SONIDO 13, S.L.P.— Con la determinación de esclarecer el manejo de los recursos públicos y defender el patrimonio de Ahualulco, el presidente municipal, Federico Monsiváis Rojas, dio a conocer la presentación de ocho denuncias por presuntas irregularidades correspondientes a la administración 2021-2024, luego de que, según explicó, los exfuncionarios involucrados tuvieron la oportunidad de presentar aclaraciones y documentación para acreditar las obras y acciones observadas, sin lograr solventar los señalamientos.
El alcalde sostuvo que las acciones emprendidas por su gobierno no responden a una persecución política, sino a la responsabilidad de revisar la documentación recibida, identificar inconsistencias y actuar cuando no existen elementos suficientes para justificar el destino de los recursos municipales.
De acuerdo con la información expuesta por Monsiváis, entre los señalamientos se encuentra quien encabezó el Ayuntamiento durante el periodo anterior, así como posibles involucrados en las áreas de Catastro, Obra Pública y administración de recursos.
El edil afirmó que el procedimiento incluyó una etapa de revisión interna en la que se dio oportunidad a los exfuncionarios de presentar sus argumentos y evidencias. Al no quedar aclaradas las observaciones, explicó, se procedió a formalizar las denuncias correspondientes, que cuentan con sus respectivos folios de investigación.
Más de 5.5 millones de pesos bajo revisión
Uno de los puntos centrales de las denuncias es el monto de los recursos cuya aplicación y registro se encuentran cuestionados.
Según los datos proporcionados por el presidente municipal, los conceptos señalados se distribuyen de la siguiente manera:
* 5 millones 172 mil 146.17 pesos, correspondientes a recursos federales del Ramo 33.
* 328 mil 733 pesos, relacionados con ingresos por trámites catastrales.
En conjunto, los montos ascienden a 5 millones 500 mil 879.17 pesos.
Para Federico Monsiváis, esclarecer estas cantidades es fundamental para conocer qué ocurrió con los recursos y determinar si existe alguna responsabilidad por su manejo.
El objetivo de las denuncias, explicó, es que las autoridades competentes investiguen los hechos y, en caso de acreditarse irregularidades, se proceda conforme a derecho y se busque la recuperación del dinero público que pudiera haber sido utilizado indebidamente.
La presentación de las denuncias representa un paso para que los señalamientos dejen de ser únicamente observaciones administrativas y sean examinados por las instancias correspondientes. Ahora será necesario que las investigaciones determinen el alcance de cada caso y las responsabilidades que, en su caso, procedan.
Obras que debían beneficiar a los habitantes
Entre los hallazgos expuestos por el alcalde destacan proyectos que, de acuerdo con las revisiones municipales, aparecen reportados documentalmente, pero cuya ejecución o entrega no habría podido acreditarse satisfactoriamente.
Monsiváis mencionó una caseta de vigilancia en la comunidad de Barrancas, cámaras de seguridad que presuntamente no fueron instaladas en la cabecera municipal, calles que habrían sido reportadas como pavimentadas con concreto hidráulico y apoyos para vivienda que, según los señalamientos, no llegaron a sus destinatarios.
El alcalde indicó que estas situaciones forman parte de las inconsistencias detectadas durante la revisión de la documentación correspondiente al periodo señalado.
Detrás de cada obra pública existe una obligación con la ciudadanía: los recursos asignados deben traducirse en infraestructura, seguridad y mejores condiciones de vida. Por ello, verificar que los trabajos se hayan ejecutado y que los bienes comprometidos realmente existan es una tarea indispensable para cualquier administración.
La investigación deberá establecer qué obras fueron contratadas, cuáles se pagaron, qué documentos respaldan su ejecución y quiénes participaron en cada procedimiento.
Presuntas anomalías en el cobro del predial
Otro de los asuntos que llamó la atención de la administración de Federico Monsiváis es el relacionado con la recaudación del impuesto predial y los trámites catastrales.
El presidente municipal explicó que algunas inconsistencias comenzaron a salir a la luz cuando ciudadanos acudieron al Ayuntamiento para realizar trámites y presentaron comprobantes de pagos que, según la revisión municipal, no aparecían debidamente registrados.
De acuerdo con lo declarado por el edil, se detectó el presunto uso de un sello falso o no autorizado en documentos de cobro. Como ejemplo, señaló que, de cada diez documentos revisados, más de la mitad habrían presentado irregularidades en el sello.
Este hallazgo, según la versión municipal, abrió interrogantes sobre el manejo de determinados pagos y la forma en que fueron registrados los ingresos.
Ante esta situación, Monsiváis hizo un llamado a los habitantes de Ahualulco para que revisen sus comprobantes y, si detectan alguna inconsistencia, se acerquen al Ayuntamiento con la documentación correspondiente.
La intención es que cada caso pueda verificarse y que las autoridades cuenten con elementos adicionales para esclarecer los hechos. Asimismo, será importante que el municipio facilite la consulta de los registros y dé certeza a los contribuyentes sobre la situación de sus pagos.
Los exfuncionarios tuvieron oportunidad de aclarar
Uno de los puntos destacados por Federico Monsiváis fue el procedimiento previo a la presentación de las denuncias.
El alcalde explicó que la Contraloría Interna tuvo que revisar los expedientes y dar oportunidad a los exfuncionarios de explicar las observaciones, así como de presentar documentación que acreditara la realización de las obras y acciones cuestionadas.
Según lo señalado por el edil, las evidencias y explicaciones presentadas no fueron suficientes para solventar las inconsistencias identificadas, por lo que se tomó la determinación de presentar ocho denuncias con sus respectivos folios de investigación.
Con ello, el Ayuntamiento busca que las autoridades competentes continúen con las diligencias necesarias y determinen si existen elementos para establecer responsabilidades administrativas o penales.
Monsiváis insistió en que su gobierno tiene la obligación de actuar ante posibles irregularidades que involucren recursos públicos. La revisión de expedientes, la oportunidad de presentar aclaraciones y la posterior presentación de denuncias forman parte, según su explicación, de la ruta seguida por la administración municipal.
La existencia de las denuncias no significa que se haya dictado una resolución definitiva contra las personas señaladas; corresponderá a las autoridades investigar los hechos y resolver conforme a las pruebas.
La feria municipal: otra cuenta que deberá aclararse
Durante la entrevista, el presidente municipal también cuestionó el registro de los ingresos generados por las ferias municipales celebradas durante el periodo 2021-2024.
Monsiváis afirmó que en la documentación revisada no se habrían identificado ingresos declarados por esos eventos, mientras que en administraciones posteriores se han reportado ingresos de hasta un millón de pesos.
Esta diferencia, señaló, representa otro aspecto que merece una revisión detallada de los registros financieros.
Para establecer qué ocurrió será necesario examinar los contratos, permisos, recibos, gastos de organización y reportes contables de cada edición. El propósito debe ser conocer cuánto dinero ingresó, qué gastos se realizaron y si todas las operaciones quedaron debidamente registradas.
Para la actual administración, la transparencia en este tipo de actividades resulta indispensable, pues las ferias municipales también forman parte del manejo de los recursos y del patrimonio público.
Defensa del patrimonio municipal
Las acciones emprendidas por el Ayuntamiento también incluyen procedimientos judiciales para cuestionar la entrega de predios municipales a particulares mediante supuestas donaciones realizadas durante la administración anterior.
Según la información proporcionada por el gobierno municipal, esas operaciones se habrían realizado sin autorización del Cabildo y presuntamente en contravención de las disposiciones aplicables.
La administración encabezada por Monsiváis busca recuperar los bienes que considera parte del patrimonio municipal. La legalidad de las operaciones y los derechos de las personas involucradas deberán resolverse en los procedimientos correspondientes.
La defensa del patrimonio público constituye otro de los frentes en los que el gobierno municipal busca esclarecer decisiones tomadas durante el periodo anterior y proteger los bienes que pertenecen a Ahualulco.
Federico Monsiváis apuesta por esclarecer los hechos
Con ocho denuncias formalizadas, folios de investigación y diversos señalamientos relacionados con obras, cobros catastrales, ingresos y predios municipales, Federico Monsiváis coloca el esclarecimiento de las presuntas irregularidades entre los asuntos prioritarios de su administración.
El alcalde sostiene que su gobierno cumplió con la revisión interna y brindó a los exfuncionarios la oportunidad de presentar aclaraciones antes de acudir a las instancias competentes. De acuerdo con su versión, al no quedar solventadas las observaciones, correspondía dar el siguiente paso y poner los hechos bajo investigación.
El reto ahora será dar seguimiento a los expedientes, aportar la documentación necesaria y mantener informada a la población sobre los avances que legalmente puedan hacerse públicos.
Para Ahualulco, el resultado más importante será conocer el destino de los recursos cuestionados, determinar si existieron responsabilidades y, cuando proceda legalmente, recuperar el dinero o los bienes que correspondan al municipio.
Federico Monsiváis ha fijado una postura: revisar, documentar y denunciar las presuntas irregularidades encontradas. Ahora corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar responsabilidades con base en las pruebas. Porque el dinero público pertenece a los ciudadanos y su manejo debe estar acompañado de transparencia, rendición de cuentas y resultados.
