Las políticas fiscales deben incorporar las perspectivas de género y Derechos Humanos.
Debe vigilarse la equidad y la justicia social en el pago de impuestos
El diputado Alfredo Femat Bañuelos y la diputada Renata Ávila Valadez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentaron este martes una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas para establecer descuentos en el pago del impuesto predial a personas en situación de vulnerabilidad.
Durante la lectura, Alfredo Femat detalló que la propuesta contempla la adición del artículo 13 Bis a la legislación estatal, con el objetivo de que los ayuntamientos puedan otorgar descuentos de entre el 10 y el 50 por ciento en el impuesto predial, previo estudio socioeconómico, a madres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años, integrantes de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, así como a otras personas que acrediten condiciones de vulnerabilidad económica.
Durante la exposición de motivos, Femat Bañuelos señaló que la política fiscal debe incorporar criterios de equidad y justicia social, reconociendo que el pago de impuestos no afecta de la misma manera a toda la población, por lo que la medida busca fortalecer la economía de los hogares, contribuir a la conservación de la vivienda familiar y reducir brechas de desigualdad mediante apoyos concretos para quienes enfrentan mayores dificultades económicas.
“Esta propuesta se alinea con los principios de igualdad y no discriminación, así como con la obligación de incorporar las perspectivas de género y derechos humanos en las decisiones públicas: las políticas fiscales también deben formar parte de este enfoque, porque impactan directamente en la vida de las personas”, dijo.
El diputado explicó que la propuesta establece que cada ayuntamiento determinará el porcentaje de descuento mediante su reglamentación interna, tomando en cuenta los resultados de los estudios socioeconómicos correspondientes y se propone que los municipios cuenten con un plazo de 90 días para adecuar sus reglamentos una vez que la reforma entre en vigor.
La iniciativa fue suscrita por diputadas de diversas fracciones parlamentarias y turnada a comisiones legislativas para su posterior análisis, discusión y dictamen.
