Certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales articula una política laboral, comercial y ambiental que garantizará que el crecimiento del sector agroalimentario se sustente en el respeto efectivo de los derechos de las personas trabajadoras del campo y en la preservación de nuestros recursos naturales, resaltó la senadora Geovanna Bañuelos.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la legisladora por Zacatecas resaltó que el crecimiento del campo debe ir acompañado de la protección de derechos laborales, lo que sustentará que cada producto que México exporta lleve consigo la garantía de que fue producido en condiciones dignas.
En tribuna, Geovanna Bañuelos recordó que en México los campesinos han sido históricamente invisibilizados a pesar de que gracias a su esfuerzo los alimentos llegan a la mesa de todos los mexicanos.
“Hoy estamos frente a una decisión y frente a un dictamen que no solamente son cuestiones de carácter técnico sino temas de la agenda nacional profundamente humanos, porque el campo mexicano no puede seguir siendo el motor económico que exporta riqueza, mientras quienes lo hacen posible viven sin derechos básicos”, mencionó.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social destacó que cerca de tres millones de personas trabajan en actividades agrícolas en México y ocho de cada diez, lo hacen en la informalidad, sin acceso a seguridad social, sin protección, sin certeza.
“Esto significa jornadas bajo el sol sin atención médica garantizada. Significa accidentes laborales sin respaldo, sin protección en materia de salud, enfermedades sin tratamiento, vejez sin pensión. Significa que quienes alimentan a México no tienen garantizado su propio bienestar”, apuntó.
Informó que el sector agroalimentario representa más del 9% del Producto Interno Bruto y genera miles de millones de dólares en exportaciones cada año; sólo en enero de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que la balanza comercial agropecuaria y pesquera registró un saldo positivo de 658 millones de dólares, siendo este el nivel más alto en los últimos cinco años.
El campo ha sido motor económico, pero al mismo tiempo es escenario de desigualdades profundas y la reforma en materia de certificación laboral es un paso para transformar la agroexportación y permitirá verificar que quienes exportan productos agrícolas cumplan con sus obligaciones laborales y de seguridad social.
Es decir, que el éxito del campo mexicano en los mercados internacionales también se traduzca en bienestar para quienes lo hacen posible. Porque no se puede permitir que los productos mexicanos crucen fronteras con altos estándares de calidad, mientras quienes los producen siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad.
Geovanna Bañuelos sostuvo que la reforma reconoce algo fundamental: el campo y el medio ambiente están profundamente ligados. La degradación de los ecosistemas impacta directamente en la vida de las comunidades rurales y en la productividad agrícola.
Por eso la reforma incorpora medidas para prevenir la deforestación vinculada a la expansión agrícola y para garantizar que la producción agroalimentaria se realice bajo criterios de sostenibilidad.
Con esta reforma se avanza hacia la formalización del trabajo agrícola y garantizar el acceso efectivo a la seguridad social, mediante un modelo de desarrollo donde la competitividad económica vaya de la mano con la justicia social y la protección ambiental.
