Ante la próxima celebración de la Copa Mundial de Futbol, FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso fortalecer las acciones de prevención de trata de personas y turismo sexual.
Al fundamentar una iniciativa que busca adicionar un artículo 106 bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos y un punto de acuerdo, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del GPPT explicó que el objetivo es establecer la obligación del Estado para la protección de niñas, niños y adolescentes, así como de las víctimas de trata de personas.
Por lo que se establece que en el contexto de la celebración de eventos internacionales masivos en territorio nacional ya sea competencias deportivas internacionales, torneos regionales o cualquier otro evento internacional que implique un incremento significativo de movilidad nacional o extranjera, que las autoridades federales, estatales y municipales deberán implementar medidas reforzadas de prevención, detección, combate y sanción de los delitos previstos en esta Ley.
La senadora por Zacatecas destacó que a cuatro meses del inicio de la justa deportiva, se espera la llegada de miles de visitantes al país.
Por lo que resulta necesario fortalecer la protección de las infancias, adolescencias y de todas las personas susceptibles de ser víctimas de trata; para ello, detalló que su propuesta tiene como objetivo que durante la celebración de eventos internacionales masivos, como el Mundial 2026, las autoridades federales, estatales y municipales implementen medidas reforzadas de prevención, detección, combate y sanción del delito de trata de personas.
“Proponemos adicionar un artículo 106 bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a fin de establecer protocolos interinstitucionales, de actuación y coordinación entre autoridades de seguridad pública, procuración de justicia, migración, turismo, trabajo y protección de niñas, niños y adolescentes”, explicó.
Además, Geovanna Bañuelos plantea reforzar la vigilancia en terminales aéreas, marítimas y terrestres, así como en establecimientos de hospedaje, plataformas digitales de alojamiento y transporte.
Así como mecanismos ágiles de denuncia incluyendo líneas telefónicas multilingües y plataformas digitales de atención inmediata, así como realizar operativos focalizados de inspección y verificación en zonas de alta concentración turística o deportiva.
Geovanna Bañuelos advirtió que el Mundial 2026 no es sólo un campeonato, sino una movilización humana sin precedentes y como tal, la historia reciente de los mega eventos deportivos muestra que junto al entusiasmo se activan economías paralelas que se aprovechan de la vulnerabilidad humana, ante estos eventos.
“Delitos como el turismo sexual no llegan como un fenómeno espontáneo, se instalan cuando hay alta demanda, anonimato, consumo y una percepción de impunidad. Mientras que la trata de personas opera como una red silenciosa que se adapta con rapidez a los grandes flujos turísticos”, señaló.
Las consecuencias de la trata de personas trascienden al ámbito penal y dejan huellas profundas y duraderas en la vida de las víctimas y en el tejido social. Quienes son víctimas de trata enfrentan violencia física, psicológica y sexual sistemática, pérdida de autonomía, aislamiento social y graves afectaciones a su salud mental y emocional.
Por ello, destacó que el Partido del Trabajo en el Senado hace énfasis en la prevención para evitar que los eventos internacionales masivos, dejen de ser únicamente celebraciones deportivas o culturales y tengan un impacto social negativo.
“La iniciativa que ponemos a su consideración parte de una visión de responsabilidad pública integral. Para el PT no basta con garantizar la seguridad logística o el orden durante los eventos de gran magnitud, es indispensable fortalecer la prevención, detección y sanción de delitos graves que atentan contra la dignidad humana”, aseveró.
En este sentido, dijo, reforzar las obligaciones del Estado es una forma de colocar en el centro a las potenciales víctimas y de afirmar que el desarrollo no puede construirse a costa de la explotación o la violencia.
“México debe de estar preparado para recibir al mundo sin renunciar a su deber de proteger a la población. La ley, en ese sentido, se convierte en una herramienta preventiva y no sólo punitiva, capaz de anticiparse a los riesgos que acompañan a este tipo de eventos”, concluyó.
