La senadora Geovanna Bañuelos exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, esclarecer los hechos y garantizar sanciones ejemplares a los responsables de la desaparición y ejecución de los trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa.
Asimismo, pidió que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, den acompañamiento emocional, jurídico y social a las familias de los mineros que perdieron la vida y desaparecidos, garantizando información clara, oportuna y humanizada sobre los avances en las investigaciones y la atención que merecen ante la dolorosa pérdida de sus seres queridos.
“Mi solidaridad y respeto para los familiares de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, paisanos zacatecanos y todos los mineros que fueron asesinados. En Zacatecas y en México estamos consternados y de luto. Exigimos justicia y que estos actos tan crueles y dolorosos, no vuelvan a repetirse”, expresó Geovanna Bañuelos.
Mediante un punto de acuerdo, presentado al Pleno del Senado la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) pidió además a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalecer las estrategias de protección en zonas mineras y comunidades vulnerables, para prevenir futuros actos de violencia o desaparición forzada, y garantizar condiciones de trabajo seguras para todas las personas que laboran en el sector.
En tribuna, la legisladora por Zacatecas señaló que a raíz de las investigaciones emprendidas por las autoridades se logró detener a cuatro personas relacionadas con el caso, lo que representó un avance importante en la investigación.
“Lamentablemente, hasta el pasado miércoles 11 de febrero, cinco de los diez trabajadores mineros que fueron privados de su libertad han sido identificados de entre un grupo de cadáveres que autoridades recuperaron de una fosa clandestina, en la comunidad El Verde, donde se presume habrían sido asesinados por integrantes de una célula delincuencial que los raptó”, mencionó.
En este sentido, Geovanna Bañuelos destacó que estos hallazgos, aunque esclarecedores, no disminuyen la angustia de las familias, ni alivia el dolor causado por la pérdida de sus seres queridos. Tampoco elimina las preguntas sobre el paradero de quienes aún no han sido encontrados y sobre las circunstancias completas que rodean estos hechos.
“La desaparición de los trabajadores mineros en Sinaloa representa una herida profunda para sus familias, para las comunidades afectadas y para el país en su conjunto. Es un hecho doloroso que exige verdad, sensibilidad y justicia, pero también una reflexión serena sobre los retos estructurales que México enfrenta desde hace décadas en materia de seguridad y presencia del crimen organizado”, apuntó.
Geovanna Bañuelos subrayó que es importante reconocer la reacción del gobierno para esclarecer estos hechos, así como el despliegue de fuerzas de seguridad y avances en las investigaciones, acciones que demuestran una voluntad clara de no dejar el caso en el olvido ni permitir la impunidad.
“En particular, como zacatecana, me duele enormemente el asesinato de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, paisanos zacatecanos, víctimas de esta tragedia”, concluyó.
