- Rosario Piedra Ibarra detalla el documento ante la Comisión Permanente, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Senadoras y senadores de la República expresaron sus puntos de vista respecto al Informe de Actividades 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que esta tarde presentó la presidenta de este organismo, Rosario Piedra Ibarra, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
En su informe, turnado a la Cámara de Diputados y del Senado, Piedra Ibarra enfatizó que la CNDH fue utilizada durante años como una “aliada del poder”, más preocupada por recibir el reconocimiento internacional que por reducir y eliminar los abusos del Estado y responder a las demandas de las y los mexicanos.
Sin embargo, aseguró que, bajo su gestión en los últimos años, se ha asumido una defensa más proactiva y útil para el pueblo, y se han dejado atrás privilegios burocráticos y vínculos políticos y económicos que desvirtuaban la razón de ser de la CNDH, “para poner en el centro a las personas, sobre todo a quienes han sido históricamente ignoradas”.
La senadora de Morena, María Guadalupe Chavira de la Rosa indicó que durante la administración de Rosario Piedra Ibarra se ha fortalecido la agenda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se ha priorizado a grupos históricamente vulnerados, y se sostiene la progresividad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales como eje de las políticas públicas.
Subrayó que los derechos humanos deben ser la base de cada ley, propuesta, presupuesto y política pública, “por ello confío en que la CNDH mantendrá un diálogo respetuoso con los poderes, para fortalecer su papel como garante crítico, autónomo y cercano a las víctimas”.
Por el PAN, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez dijo que no se ha visto a la CNDH manifestar su apoyo a víctimas, a madres buscadoras, o manifestarse en temas de migración, de desplazados o por las agresiones y persecuciones a periodistas, tampoco en feminicidios y desapariciones.
Consideró que hoy la CNDH es un órgano del propio gobierno federal, lo cual “compromete su independencia, pero establece un grave precedente: no importa qué tan grave sea la violación a los derechos humanos, no pasa nada”.
La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI, cuestionó a Piedra Ibarra sobre si la CNDH cumple con su función original de proteger a las personas de las arbitrariedades de la autoridad y como contrapeso político para denunciar los atropellos de los gobiernos a través de recomendaciones que obligan a los funcionarios a rendir cuentas.
Consideró que, contrario a ello, el organismo autónomo es “comparsa de un régimen autoritario que viola derechos humanos” y tarda mucho tiempo para emitir recomendaciones o no lo hace, como en el caso del rancho de Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron prendas de personas presuntamente desaparecidas.
La senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, destacó el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante 2025, con 156 recomendaciones ordinarias; además de 29 recomendaciones por violaciones graves por tortura, falta de acreditación del hecho violatorio, por trato cruel o degradante, uso arbitrario de la fuerza y por la retención ilegal de ciertas autoridades. La legisladora también subrayó que se registraron 19 mil expedientes por quejas, de los cuales, cerca de 15 mil fueron concluidos.
Además, consideró necesario a fortalecer y articular las acciones de prevención en materia de seguridad, implementar una campaña permanente para incentivar a la ciudadanía a denunciar cuando sea víctima de algún delito con el acompañamiento de la CNDH, así como apoyar en la capacitación de diversas dependencias, a fin de fortalecer la actuación institucional con un enfoque de legalidad de los derechos humanos.
Por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó que, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada para “incomodar al poder” cuando vulnera los derechos de las personas y acompañar a las víctimas cuando las instituciones fallan, actualmente “se aleja del estándar de exigencia que el país necesita en temas que más le duelen”.
Lamentó que, por ejemplo, con la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, en 2025 se registraron 908 quejas de las cuales 506 se concluyeron por “no acreditarse violaciones”; cifras que, sostuvo el senador, alertan del riesgo de perdón a “actores con poder” y cierre de expedientes “sin explicación pública”.
