Cámara de Diputados,
Ciudad de México, 09 de octubre del 2024.
Ulises Mejía Haro, Diputado Federal por Zacatecas, informó a los medios de comunicación sobre el dictamen de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el propósito de reconocer la propiedad y control del Estado sobre las empresas públicas y que su actividad sea regulada por la Ley. Es fundamental atribuir a la Nación la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, estableciendo la prevalencia de la empresa pública en materia eléctrica sobre los particulares.
Ulises Mejía Haro precisó que es necesario que el Estado preserve la rectoría en áreas que son de interés público y social, ya que son fundamentales para el desarrollo del país, como la energía eléctrica y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Así mismo, Ulises Mejía Haro, precisó “que es necesario establecer bases constitucionales, para brindar seguridad, certeza y orden para que se reconozca la propiedad y el control público sobre las empresas del Estado, la atribución de la Nación de planear y controlar el sistema eléctrico nacional, la validez primaria de la empresa pública sobre las particulares en materia eléctrica y no considerar monopolio la prestación del servicio de internet que realice el propio Estado”.
El legislador federal comentó que “con estas reformas constitucionales también se retoma el concepto de empresas públicas en lugar de empresas productivas del Estado. La finalidad es eliminar el carácter negocial con participación privada, buscando privilegiar precisamente el interés social y orientarse a la producción y prestación de bienes y servicios públicos. Se garantiza el derecho de las personas a acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha de Internet. Con esta reforma, se le dota al Estado de la facultad de prestar el servicio de Internet, sin excluir la participación de particulares en la industria”.
Finalmente, el diputado federal Ulises Mejía dijo: “estamos respaldando las reformas para garantizar el acceso a Internet, lo que permite hacer efectivos otros derechos, como la libre manifestación de las ideas, el acceso a la sociedad del conocimiento, la deliberación y participación en procesos electorales, el teletrabajo, entre otros”.
