Con el fin de que el acoso y el hostigamiento sexual estén debidamente tipificados en todo el país, la senadora Geovanna Bañuelos urge a los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Colima, Tlaxcala, Tabasco e Hidalgo a armonizar sus Códigos Penales y demás ordenamientos locales.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, también pide revisar y armonizar sus marcos penales.
Lo anterior, para asegurar que el delito de abuso sexual sea reconocido como una figura autónoma, con penas y definiciones homologadas al Código Penal Federal, garantizando sanciones proporcionales y agravantes claras cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o dependientes jerárquicamente del agresor, a fin de evitar vacíos legales que obstaculicen la procuración e impartición efectiva de justicia.
Asimismo, Geovanna Bañuelos llama a las autoridades federales, estatales y municipales competentes a implementar de manera coordinada campañas permanentes de prevención, sensibilización y denuncia del acoso y abuso sexual, dirigidas a niñas, adolescentes, mujeres y hombres, con el propósito de visibilizar que estas conductas constituyen delitos y no comportamientos tolerables o normalizados socialmente.
Dichas campañas deberán promover una cultura de respeto, igualdad y consentimiento, así como difundir los mecanismos de denuncia y atención a víctimas, utilizando medios digitales, educativos y comunitarios.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora por Zacatecas destaca que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada diez han sido víctimas de violencia sexual.
Y estas cifras, lejos de disminuir, se mantienen sin alguna variación a la baja. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2024 se abrieron más de 40 mil carpetas de investigación por abuso sexual y casi mil por feminicidio.
El caso más reciente de agresión sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum, reveló de manera dolorosa que ninguna mujer, sin importar su posición social o política, está exenta de la violencia de género.
“Lo ocurrido no fue un hecho aislado ni una anécdota política: fue la muestra más descarnada de una realidad latente en México. Si una mujer que encabeza el país puede ser acosada y violentada públicamente, ¿qué ocurre a millones de mexicanas que enfrentan estas agresiones todos los días, muchas veces en silencio y sin respaldo institucional?”, cuestiona Geovanna Bañuelos.
De acuerdo con un análisis reciente, siete entidades: Aguascalientes, Baja California, Colima, Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo y el ámbito federal, carecen de una tipificación plena del acoso sexual. En el caso del abuso sexual, solo nueve estados cuentan con una tipificación completa, mientras otros presentan limitaciones o figuras ambiguas.
Destaca que este hecho evidencia que la violencia contra las mujeres no distingue poder, cargo ni condición, y que su raíz no está en la vulnerabilidad individual, sino en una estructura social que sigue considerando el cuerpo femenino como territorio ajeno, disponible y sin consentimiento.
Y lamenta que pesar de los avances de los últimos años como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la tipificación del feminicidio en las 32 entidades federativas, aún persisten vacíos en la legislación penal de varios estados que no reconocen el acoso o el abuso sexual como delitos autónomos, o bien los contemplan con agravantes insuficientes.
“Esta disparidad jurídica vulnera el principio de igualdad ante la ley y deja a miles de víctimas en situación de desprotección. Como Partido del Trabajo, reiteramos nuestra solidaridad irrestricta con todas las mujeres que viven la violencia en México y con la presidenta Claudia Sheinbaum; exigimos acciones concretas y voluntad política para transformar el marco normativo y las instituciones que hoy protegen a los agresores”, concluye Geovanna Bañuelos.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Para la Igualdad de Género para su análisis y posterior dictaminación.
