Para garantizar la protección de los derechos humanos, una justicia pronta y expedita, reducir la impunidad procesal en casos de violencia, Geovanna Bañuelos propone modificar el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que los procesos penales relativos a delitos que impliquen violencia de género deberán resolverse en un plazo máximo de un año, contado a partir de la presentación de la denuncia o querella.
Al fundamentar la iniciativa será presentada en la próxima sesión ordinaria, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que el objetivo es reducir la impunidad procesal en casos de violencia de género, al establecer un límite legal y medible a los tiempos de resolución judicial.
Asimismo, detalló que se establece que el plazo podrá extenderse únicamente por causa debidamente justificada y motivada ante el Tribunal de Disciplina Judicial, conforme a los principios de legalidad, debido proceso y debida diligencia.
La dilación injustificada será considerada falta administrativa grave, conforme a la legislación aplicable.
“No se trata de una medida inflexible, sino de un marco que obligue a las autoridades a justificar cualquier dilación con base en criterios objetivos, y no en la inercia burocrática”, mencionó la legisladora por Zacatecas.
Geovanna Bañuelos sostuvo que su propuesta fortalece la rendición de cuentas de jueces, fiscales y autoridades ministeriales, quienes deberán garantizar que las víctimas reciban una respuesta oportuna y sensible.
“El cambio normativo no modifica el fondo del proceso penal, sino que introduce un mecanismo de orden y eficiencia procesal que busca cumplir el mandato constitucional de justicia pronta, asegurando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y la protección de los derechos humanos”, aseveró.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo en 2024 se registraron más de 310 mil carpetas de investigación relacionadas con delitos de violencia familiar, violación, feminicidio y abuso sexual.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) del INEGI, siete de cada diez mexicanas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
“Estas cifras no sólo evidencian una crisis de derechos humanos, sino también una falla estructural del Estado mexicano en su deber de proteger, sancionar y reparar el daño”, señaló.
En este sentido, Geovanna Bañuelos enfatizó que de aprobarse la propuesta del GPPT se fortalecerá la confianza ciudadana en el sistema de justicia, al demostrar que el Estado no solo escucha a las víctimas, sino que actúa con eficacia frente a sus denuncias.
“De igual forma, impulsará una protección integral de las mujeres, garantizando que las medidas de seguridad y reparación del daño sean efectivas dentro de un plazo razonable”, mencionó.
Y afirmó que la reforma también asegura el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, reforzando su compromiso con la justicia con perspectiva de género.
“Esta reforma es un paso más en la lucha por erradicar la violencia estructural que por años ha condenado al silencio y al olvido a miles de mujeres. No buscamos privilegios, buscamos igualdad; no pedimos compasión, exigimos justicia”, concluyó Geovanna Bañuelos.
