Durante la sesión de este jueves en la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas, la diputada Renata Ávila Valadez, del Partido del Trabajo (PT), hizo uso de la voz para pronunciarse en torno al acto de agresión sexual cometido contra la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hecho que fue registrado públicamente y que, señaló, no admite interpretaciones.
En su intervención, la legisladora sostuvo que el incidente refleja con crudeza una realidad que las mujeres viven todos los días: la normalización del cuerpo femenino como territorio disponible en la cultura patriarcal.
Citando los estudios de la antropóloga Rita Segato, Ávila Valadez recordó que este patrón estructural está asentado en el origen mismo de la violencia de género. “Lo que le pasó a la Presidenta es lo que millones de mujeres enfrentamos a diario”, afirmó.
De acuerdo con cifras de la ENDIREH (INEGI), el 70.1 por ciento de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y más del 45 por ciento de dichas agresiones ocurren en los espacios públicos, por lo que la diputada subrayó que este no es un asunto de partidos políticos ni ideologías, sino de violencia sexual, la cual “debe ser condenada sin cálculo ni oportunismo”.
Asimismo, llamó la atención sobre la reacción social que siguió al hecho, donde gran parte del debate público estuvo marcado por burlas, trivialización y relativización, lo que evidencia, dijo, el nivel de normalización de la violencia sexual en la sociedad mexicana.
En el ámbito jurídico, Ávila Valadez recordó que en Zacatecas el acoso sexual se encuentra tipificado en el Artículo 233 del Código Penal Estatal, y el hostigamiento sexual en los artículos 233 Bis y 233 Ter, mientras que el abuso sexual aparece en el
Artículo 231, sin embargo, advirtió que la tipificación por sí sola no ha logrado frenar la violencia, especialmente en los casos de acoso callejero, donde la ruta institucional suele revictimizar y llevar a la impunidad.
Por ello, la diputada planteó la necesidad de avanzar hacia medidas estructurales no solo punitivas como la educación integral en sexualidad con perspectiva de género desde la infancia, la capacitación transversal y obligatoria para todo el personal responsable de seguridad y procuración de justicia.
Asimismo, enfatizó la necesidad de estadísticas públicas claras, seguimiento real de denuncias y sanciones, así como la revisión de los Bandos de Policía y Buen Gobierno municipales, para evitar que el acoso verbal, gestual o físico leve quede sin sanción.
Finalmente, enfatizó que no se trata de restringir la cercanía ciudadana con las autoridades, sino de garantizar protocolos de seguridad que no permitan vulneraciones de ningún tipo.
“Si no somos capaces de nombrar y actuar ante una agresión que llega hasta la Jefa del Estado, ¿qué les queda a las mujeres que no tienen cámaras, investidura o protección institucional?”, concluyó.
