• _Presenta iniciativa para que recursos obtenidos por derechos especiales y extraordinarios se destinen a áreas críticas que impactan la calidad de vida_
Con el fin de garantizar el bienestar e infraestructura básica para el desarrollo de los municipios de extracción minera, la senadora Geovanna Bañuelos propuso modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos para que los ingresos del Fondo Minero se apliquen en áreas críticas que impactan directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos.
Al fundamentar la propuesta, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que el objetivo de su propuesta es devolver el sentido social y de justicia al Fondo Minero con un mecanismo que esté blindado y una redistribución más adecuada para el beneficio de las comunidades y pueblos con vocación minera.
“Con esta reforma, el Fondo Minero dejará de ser un recurso administrado a distancia y volverá a ser un instrumento de desarrollo local, transparente, eficiente y con verdadero impacto social”, detalló.
En este sentido, dijo, los ingresos obtenidos por los derechos especiales y extraordinarios se destinen a tres áreas críticas para la calidad de vida y bienestar de las y los mexicanos: 40% para la Secretaría de Educación Pública; 40% para la Secretaría de Salud, y 20% para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Asimismo, plantea la adquisición, instalación, mantenimiento y modernización de equipo tecnológico destinado a fortalecer la seguridad pública, incluyendo cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación, plataformas de gestión, de información, así como herramientas de inteligencia artificial orientadas a la prevención, atención e investigación de los delitos.
“La devolución de los ingresos obtenidos por los derechos especiales y extraordinarios sobre minería a las comunidades representa un acto de justicia con todas las entidades que sostienen con su tierra la riqueza minera de México”, señaló.
Geovanna Bañuelos aclaró que su propuesta establece que el 85% de lo recaudado se destine directamente a los municipios donde se ubican las concesiones mineras, asegurando que las comunidades que soportan los costos ambientales y sociales de la minería sean las principales beneficiarias; y el 15% restante se aplicará en programas de infraestructura con impacto regional y nacional.
“Esta propuesta no solo busca justicia fiscal. ¡Busca justicia social! Propone un modelo de redistribución equitativa, que transforme los recursos del subsuelo en escuelas con tecnología, clínicas equipadas y calles seguras”, enfatizó.
En el caso específico de Zacatecas, la líder petista recordó que su entidad, entre julio de 2024 y julio de 2025, produjo 3.6 toneladas de oro, con un valor superior a 3 mil 700 dólares por onza o el equivalente a 492 millones de dólares.
No obstante, las ganancias no se reflejan en carreteras dignas, calles pavimentadas, hospitales y escuelas equipadas, protección ciudadana y cuidado al medio ambiente.
Esta reforma significa una oportunidad para atender los rezagos históricos en Zacatecas y México que han acompañado a la actividad minera como el abandono de las comunidades, la falta de servicios básicos, el deterioro ambiental y la inseguridad.
“Zacatecas enfrenta un contexto complejo en materia de violencia y delincuencia. Por ello, destinar recursos a la adquisición, instalación y modernización de equipos tecnológicos de videovigilancia, comunicación e inteligencia artificial permitirá fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y atender los delitos, generando condiciones de paz y confianza para los habitantes y para la inversión productiva”, aseveró Geovanna Bañuelos.
