Intereses, preocupaciones y necesidades de la población deben ser la base de los marcos normativos: Néstor Camarillo.
Senadores, sociedad civil, funcionarios y especialistas llevaron a cabo un diálogo para analizar, reflexionar y enriquecer sobre la participación de los diferentes sectores en la concreción de un marco regulatorio en materia de ciberseguridad, que potencie el ejercicio de los derechos y coloque en el centro a las personas.
Este jueves se llevó a cabo en el Senado de la República la última de tres mesas de análisis denominada: “Participación Ciudadana en las Políticas en Materia de Ciberseguridad”, que a partir de una pluralidad de perspectivas busca recabar propuestas para proteger a la ciudadanía y sus instituciones frente a posibles amenazas digitales.
Durante el encuentro, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, dijo que estas mesas buscan abrir un diálogo legislativo entre los sectores público, social y privado, con el propósito de reflexionar y construir consensos que permitan avanzar hacía una regulación en materia de ciberseguridad.
Recordó que actualmente en las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Digitales se encuentran tres iniciativas para expedir una ley en la materia.
Sin embargo, dijo que es necesaria la participación ciudadana para construir políticas con enfoque de derechos, y para garantizar que los intereses, preocupaciones y necesidades de la población, sean la base de los marcos normativos.
Involucrar a la ciudadanía, agregó, garantiza transparencia, rendición de cuentas, fiscalización social y legitimidad en los procesos de gobernanza relacionados con la seguridad informática. Además, un enfoque participativo promueve la inclusión de grupos vulnerables y refuerza la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.
Mediante un diálogo plural y abierto se contribuye a la prevención, la educación digital y el control democrático de las medidas de ciberseguridad, de tal forma que las soluciones no sólo protejan la infraestructura tecnológica, sino también promuevan la dignidad, el acceso equitativo y la autonomía digital de todas las personas, puntualizó.
Estos espacios de diálogo, refirió, se realizan en el marco del “Mes de la Ciberseguridad”, que es celebrado en octubre, y en el que se llevan a cabo actividades en todo el mundo y en México, para destacar la importancia de contar con políticas que protejan a las personas y a las instituciones.
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT expresó que es fundamental impulsar una ley general en la materia, pero que se trabaje con todos los sectores, porque “nosotros hacemos las leyes, pero los conocimientos los tienen los especialistas y otras dependencias” como aduanas, la fiscalía, la academia, o las instituciones de seguridad.
Planteó la necesidad de establecer una mesa de trabajo permanente e institucionalizada, porque la tecnología avanza a tal velocidad que demanda una revisión flexible y ágil para hacer los cambios que se requieran.
Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, consideró que, al momento de elaborar un marco normativo, más allá de las instituciones se debe poner en el centro y como primera instancia a las personas.
Este tipo de espacios para participar y colaborar en la preparación de las propuestas legislativas permitirá fortalecer las capacidades técnicas de los entes regulados, las capacidades operativas en la materia, la gestión de incidentes y lograr impulsar actividades o acciones de prevención.
Juan Manuel Casanueva, de la organización Social TIC, expresó que la participación multisectorial es necesaria desde el diseño de las legislaciones y las políticas, porque todos los grupos deben tener voz a la hora de diseñarlas o planearlas
