
Con un posicionamiento firme y crítico, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Renata Libertad Ávila Valadez, cuestionó los resultados en materia de seguridad y gobernabilidad durante la comparecencia del secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, en el marco de la glosa del Cuarto Informe Gobierno de David Monreal Ávila, gobernador del estado.
En representación del Grupo Parlamentario del PT, la legisladora denunció la brecha entre los logros presumidos en el informe, que habla de coordinación, reducción de homicidios y protocolos efectivos, y la realidad que enfrenta la ciudadanía en las calles, donde persisten actos de represión y abuso de la fuerza pública, “Si esta es la paz, ¿para quién es la paz?”, cuestionó.
Ávila Valadez recordó los operativos del 8 de septiembre, durante la manifestación del colectivo “sangre de mi sangre”, y del 21 de septiembre en la Feria Nacional de Zacatecas, en los que participaron corporaciones estatales como la Policía Estatal Preventiva, la Dirección de Policía de Seguridad Vial y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), ya que, en ambos casos hubo violencia, encapsulamientos y detenciones arbitrarias, contraviniendo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
La diputada también trajo a colación el caso de la empresaria Laura, quien habría sido víctima de tocamientos que configuran violencia sexual tras ser detenida de manera arbitraria en los separos de la FENAZA y señaló que este hecho no puede ser minimizado como “exceso” de la fuerza pública, sino que constituye un delito que exige sanciones inmediatas.
En su intervención, lanzó tres cuestionamientos puntuales al secretario general: ¿quién ordenó los operativos?, ¿dónde están las evidencias y la trazabilidad de los hechos? y ¿qué medidas inmediatas se adoptarán para evitar la repetición de este tipo de abusos?
La legisladora petista, exigió al funcionario suspensiones preventivas, intervención de la fiscalía especializada y un plan de no repetición con metas verificables.
Ante las respuestas del funcionario, quien señaló que en la manifestación del 8 de septiembre no había madres buscadoras y que solo se había tenido contacto con una docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con intereses ilegítimos en la causa de las familias buscadoras, en clara alusión a la abogada y académica Cristela Trejo, la legisladora señaló su respaldo y puntualizó que los dichos del secretario criminalizan la protesta social y revictimizan a quienes fueron reprimidas en esa fecha.
“La gobernabilidad no se mide por vallas ni por aplausos, sino por la confianza ciudadana, y esa se pierde más rápido que cualquier gráfica del Informe”, concluyó Ávila Valadez, al tiempo que advirtió que la ciudadanía no se siente segura frente a los cuerpos de seguridad pública estatal.