fortalecer la capacidad de tutela de tan preciado instrumento, por lo que no se pueden ampliar los márgenes de actuación de la autoridad en detrimento de los espacios que ocupa el ciudadano, por lo que la reforma debe ser armónica con el resto del ordenamiento y con la legislación existente.
La coordinadora del área estratégica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ivette Galván García, destacó que la iniciativa contiene ajustes procesales valiosos, pero plantea un retroceso grave en materia de acceso a la justicia y protección de los derechos humanos, al restringir el interés legítimo, debilitar la suspensión y al abrir la puerta al incumplimiento de sentencias.
Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, abundó que si en el Senado no hay modificaciones a la reforma habrá “regresiones, limitaciones y restricciones” que no se puedan frenar a la hora de su aplicación, debido a que la propuesta presidencial es inconstitucional por vulnerar derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales, además de dejar a los ciudadanos con recursos judiciales menos efectivos.
El coordinador del programa derechos humanos de FUNDAR, Humberto Guerrero, agregó que la reforma debería ser para fortalecer el juicio de amparo y con ello lograr el acceso a la justicia, más no para debilitarlo y complicar su efectividad, pues pareciera que se busca desmontar el avance en el lugar que ocupan los tratados internacionales en derechos humanos.
