Román Lazcano Fernández, integrante del Foro de Constitucionalistas de México, dijo que “la reforma presenta una redacción ambigua, indeterminada y, sobre todo, construye mayores requisitos para otorgar la medida cautelar”. “Llama la atención que un partido o un movimiento que en sus estatutos establece la defensa de los pueblos originarios, la cultura de la legalidad y evitar el autoritarismo, construya una reforma que atenta gravemente los derechos humanos”, agregó.
La abogada postulante, Makawi Staines Diaz, afirmó que el juicio de amparo es el principal medio de defensa que tienen las personas para velar por sus derechos, aunque “no podemos negar que es un asunto hipertécnico, por lo que es una realidad que no ha cumplido a cabalidad con su finalidad”.
El exmagistrado de Circuito en materia Civil, Francisco Javier Sandoval López, consideró que quienes tachan la iniciativa de regresiva por eliminar el amparo contra derechos colectivos están en un malentendido, pero también lo están quienes estiman que sólo se está cumpliendo con una jurisprudencia de la Corte. “El sentido que yo veo es contener el protagonismo judicial”, expresó.
De la Comisión Estado de Derecho del Consejo Coordinador Empresarial, Ricardo Cervantes Vargas, subrayó que para las empresas es fundamental contar con un instrumento como el amparo, porque el crecimiento económico del país requiere de factores como leyes adecuadas y herramientas jurídicas eficientes para defender sus derechos ante arbitrariedades de las autoridades.
Andrés Aguinaco Gómez Mont, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, refirió que el proyecto de reforma elimina algunas estrategias dilatorias que entorpecen el juicio de amparo, pero tiene áreas de preocupación como generar numerosos obstáculos a la procedencia del juicio y para la reparación integral a las violaciones de derechos humanos. “Las personas justiciables pudieran estar peor paradas ante los abusos de poder”, señaló.
Susana Gabriela Camacho Maciel, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, expuso que en temas como la digitalización se tiene que tomar en cuenta la brecha digital en el país y revisar las condiciones y viabilidad para que se pueda aplicar; además, consideró importante impulsar el uso de herramientas tecnológicas como las aplicaciones para que los amparos se puedan solicitar.
Luis Eduardo Knapp Moreno, coordinador del Programa Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, señaló que como defensor de la sociedad civil “nos preocupa mucho la propuesta presidencial en materia de amparo, particularmente en sus tres figuras, de interés legítimo, suspensión y cumplimiento de las sentencias que están conectadas”. Planteó que, de aprobarse estas reformas, el Estado mexicano estaría incumpliendo obligaciones internacionales y se vulneraría la defensa de los derechos humanos.
El director general del Instituto de especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Eduardo Andrade Sánchez, dijo que es importante definir en la ley lo que es el interés legítimo, como se precisa en la iniciativa de ley. “Es una figura que se ha distorsionado; el Poder Judicial se excedió con ello en facultades”, indicó.
En su turno, por el PAN, el senador Raymundo Bolaños Azocar, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, mencionó que la iniciativa de reforma contiene plazos reducidos respecto de la resolución del juicio de amparo, y pueden resultar benéficos, pero preguntó qué tan viables son esos tiempos en el día a día en los órganos jurisdiccionales.
Al hacer comentarios, la senadora del PVEM e integrante de la Comisión de Justicia, Rocío Corona Nakamura, dijo que es importante para las y los legisladores escuchar diversos puntos de vista, sobre todo para esta trascendental reforma a la Ley de Amparo.
