- Las políticas públicas han sido acertadas, pero es necesario garantizar que sean sostenibles, dijo Amalia García.
La senadora Amalia Dolores García Medina, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento para la Implementación de la Agenda 2030, llamó a garantizar una transformación integral y de fondo para consolidar los avances que México ha registrado en la disminución de la pobreza.
Durante el foro “Nuevas Perspectivas de los ODS sobre pobreza y desigualdad”, la legisladora mencionó que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, de reciente publicación, muestra avances en las medidas para enfrentar la pobreza, con millones de mexicanos que han salido de la pobreza y pobreza extrema.
Una de las razones para tal logro, destacó García Medina, es la política que México ha generado en torno al aumento sustancial del salario, además de las transferencias de recursos en distintos programas sociales. Esto, dijo, es fundamental reconocerlo y señalar que las políticas públicas han sido acertadas, pero al mismo tiempo, el reto es garantizar que sean sostenibles.
Por otro lado, agregó que se requiere que millones de mexicanos dejen la informalidad, poner en el centro el trabajo digno y poner el acento en educación universal de calidad y salud universal de calidad.
Ello, apuntó, contribuirá a un desarrollo sostenible consistente de largo plazo, que pueda sentar las bases para avanzar en lo que hoy ya se logró con una visión integral e incluir una visión que reconozca la diferencia de cada cual o transversal, porque entre los pobres las más pobres son las mujeres.
La senadora Amalia García indicó que la CEPAL registró que México obtuvo 45 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2024, un monto muy importante para influir en generación de empleos, pero a pesar de esos esfuerzos la desigualdad sigue presente, con uno de cada tres hogares en situación de pobreza extrema en América Latina y el Caribe.
Añadió que la Encuesta de Movilidad Social en México muestra patrones persistentes de estratificación que limita la capacidad de las personas para ascender desde su posición de origen, por lo que es fundamental que se cambien estas condiciones para garantizar igualdad.
En su intervención, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, refirió que el Banco Mundial informó en 2024 que México fue el país con mayor reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, mientras que INEGI reportó que 13 millones 400 mil millones de mexicanos salieron de esa condición entre 2018 y 2024, dato que contrasta con los 15 millones que entraron entre 2006 a 2018.
Lo anterior significa, subrayó, que nuestro país pasó de tener 51.9 millones de pobres en 2018 a 38.5 millones en 2024, “pasamos del 43 por ciento al 29 por ciento”.
Indicó que esa reducción puede explicarse principalmente por el incremento al salario mínimo, la implementación de los programas sociales, así como la eliminación de la subcontratación, aunque todavía persisten problemas en ese sentido “muy infames” sobre todo en servicios de limpieza.
Agregó que la tasa de pobreza multidimensional y por ingresos disminuyó en 32 estados, la pobreza extrema se redujo a menos del dos por ciento en 13 estados. Con estos resultados, adelantó, México tiene un panorama más alentador, pero las políticas laborales y sociales deben poner en el centro el bienestar de las personas.
En su intervención, Peter Grohmann, coordinador residente de la Oficina de la ONU México, mencionó que luego de 10 años de la implementación de la Agenda 2030, los avances globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen luces y sombras con un 35 por ciento que va bien, lo cual, es importante considerando la pandemia por Covid-19, además de los conflictos bélicos.
Por otro lado, mencionó que en el mundo una de cada 11 personas padece hambre, 800 millones viven en pobreza extrema y mil 120 millones en asentamientos informales o precarios, lo que perjudica más a mujeres, personas con discapacidad y comunidades históricamente excluidas, además de que muchos países están invirtiendo más en armas que en desarrollo.
En ese escenario, destacó que México tiene avances en justicia social y reducción de la pobreza, y con “políticas acertadas” se ha logrado un aumento sin precedente en el número de personas que ya no son clasificadas como pobres o vulnerables.
Los primeros cálculos sugieren que al menos la mitad de estos avances se deben a la política salarial, en segundo lugar, se deben a los programas sociales y a los servicios públicos, manifestó.
Dijo que un cambio fundamental y que debe ser usado como ejemplo para otros países es que se ha dejado de imponer a las personas más vulnerables condiciones para su acceso a los recursos públicos, ya que hoy se busca garantizar los derechos y se ha buscado fortalecer al Estado para atender de manera directa a las personas más excluidas por género, clase social, edad, etnicidad o color de piel.
Sin embargo, entre los obstáculos mencionó que, en materia de seguridad social, aunque existen avances, continúa como la carencia más alta en la pobreza multidimensional, y continúa el reto con la reducción de la pobreza extrema y en la población indígena, así como el acceso a la salud.
Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud aseguró que cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es un trámite burocrático, sino un acto de justicia y de humanidad, porque la inequidad “es la mayor fábrica de enfermos que pueda existir, ya que debilita los cuerpos, erosiona la dignidad de las comunidades y condena a generaciones enteras a repetir un círculo de dolor”.
Destacó que de acuerdo con los datos que presentó el INEGI el pasado 13 de agosto, las políticas impulsadas por el gobierno de México desde el sexenio pasado, y hoy refrendadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir los índices de pobreza, están en el rumbo correcto.
Es fundamental, dijo, garantizar el derecho a la seguridad social de 62 millones de personas, “que sigue siendo un gran reto”; que 44 millones de mexicanas y mexicanos accedan plenamente a servicios de salud; así como apoyar a 18 millones de personas que presentan rezagos graves en su alimentación de calidad.
Acabar con la pobreza es una premisa de unidad nacional, ninguna fuerza política y sector puede quedar al margen, pues no es tarea de un partido, ni de un sexenio, sino una misión de nación, y “si algo debe unirnos, es la convicción de que ninguna niña o niño vuelva a dormir con hambre, que ningún adulto mayor deba decidir entre medicinas o comida, y que ninguna familia quede condenada a la enfermedad por haber nacido en la pobreza”, puntualizó.
Héctor Ochoa Moreno, director general del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dijo que las acciones para reducir las brechas de desigualdad deben guiarse por la inclusión, como una condición indispensable para que más personas sean partícipes del progreso y de una mejor calidad de vida reflejada en el acceso efectivo a derechos como la salud, educación, vivienda y trabajo digno.
La erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades -subrayó-, son pilares fundamentales para que todas las personas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, porque un modelo que excluye o discrimina está destinado a ser frágil e inestable, porque debilita la capacidad de las comunidades para enfrentar de manera conjunta los desafíos.
Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, subrayó que, con la reducción significativa de la pobreza, México cubre la primera parte del periodo de la Agenda 2030. “Quedan 5 años, si uno traza la tendencia y se mantiene el ritmo de reducción de ese periodo, en principio, la primera parte de la meta puede ser alcanzada”, añadió.
No obstante, refirió que el INEGI también informó que el porcentaje poblacional que tiene por lo menos una carencia social (educación, salud, vivienda, seguridad social o alimentación) aumentó del 25 al 32 por ciento; para revertir esto, planteó que debe haber un crecimiento económico inclusivo, empleos formales y remuneraciones suficientes.
El coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Enrique Provencio Durazo, precisó que la disminución de la pobreza se debe, en parte, a las transferencias gubernamentales de programas sociales; sin embargo, consideró que la eficiencia de esas transferencias es muy baja e incluso ha retrocedido, por lo que los porcentajes reportados de pobreza extrema pudieron ser aún más bajos.
