Como consecuencia de las lluvias atípicas y la falta de mantenimiento de las carreteras, Geovana Bañuelos solicita a las Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas la reparación inmediata de las carreteras estatales para prevenir accidentes provocados por los baches o socavones e implementar un mecanismo permanente de recepción de reportes ciudadanos sobre daños en la vía pública, informando periódicamente a la ciudadanía sobre las acciones realizadas.
Mediante un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) pide además a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizar en todo el país un diagnóstico inmediato del estado físico de las carreteras de toda la República mexicana y la reparación inmediata que permita contar caminos seguros para toda la población.
Lo anterior, dado que, en días recientes en carreteras de Fresnillo y Sombrerete, municipios de Zacatecas, baches de diversas dimensiones han provocado graves accidentes viales que han causado incluso la muerte de personas.
Así como cubrir los gastos de hospitalización, atención médica y rehabilitación de las personas lesionadas, en tanto se determina la responsabilidad administrativa correspondiente.
Geovanna Bañuelos menciona que el pasado 1º de agosto una camioneta que transportaba jornaleros volcó y cayó a un barranco, dejando un saldo de quince personas heridas y una fallecida en los límites entre Sombrerete y Río Grande.
Mientras que en días recientes en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, específicamente en la carretera que conecta a las comunidades de Montemariana y El Seis de Enero, un bache de grandes dimensiones ocasionó la volcadura de una camioneta con cinco pasajeros a bordo, dejando como saldo tres personas lesionadas, las cuales tuvieron que ser trasladadas de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.
“Estos lamentables casos ponen de manifiesto no sólo el grave deterioro de la infraestructura carretera, sino también una realidad profundamente preocupante: las personas afectadas se dirigían a realizar trabajos agrícolas, es decir, actividades de las que depende buena parte del sustento económico regional, sin contar con seguridad social, servicios médicos públicos adecuados ni garantías básicas de protección en su trayecto”, detalla la senadora.
Asimismo, aclara que las víctimas tuvieron que ser atendidas en hospitales privados ante la falta de capacidad en el sistema público de salud, lo cual refleja una doble vulnerabilidad.
“Este caso no solo habla del abandono de las vías de comunicación, sino del abandono estructural de comunidades enteras cuya labor es esencial para el país. La situación requiere atención urgente y sostenida, pues estamos frente a una cadena de omisiones institucionales que vulnera derechos fundamentales”, asevera.
Y enfatiza que estás y otras tragedias pudieron haberse evitado con una acción mínima de mantenimiento preventivo o con la colocación temporal de señalización de advertencia.
“Al tratarse de una carretera estatal, la responsabilidad no recae exclusivamente en el municipio, sino que exige una actuación coordinada entre el Gobierno del Estado y la Federación, tanto en el diagnóstico del tramo como en la asignación de recursos para su rehabilitación”, apunta.
Y resalta que es indispensable una intervención inmediata, pero también el diseño de mecanismos permanentes de monitoreo e inspección, con participación ciudadana, para evitar que se repitan eventos similares en otras comunidades del país.
“No puede permitirse que la falta de mantenimiento se convierta en un elemento que incremente la vulnerabilidad social. Mantener en óptimas condiciones las carreteras no sólo permite la movilidad cotidiana, sino que preserva el derecho a la seguridad vial, fortalece el desarrollo regional y evita tragedias que impactan directamente en las familias mexicanas”, concluye.
