La Comisión de Seguridad Social, que preside el diputado Arturo Olivares Cerda (Morena), aprobó tres dictámenes en sentido negativo que desechan iniciativas de reformas a diversas disposiciones de las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Seguro Social.
El primer dictamen se refiere a la iniciativa que planteaba modificar disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (PVEM), para reconocer el derecho humano al cuidado digno y la inclusión de las personas trabajadoras del hogar no remuneradas como sujetos de derechos a prestaciones relativas al seguro de enfermedades y maternidad.
La Comisión consideró que el reconocimiento de un derecho humano no debe acotarse ni regularse en un cuerpo normativo secundario.
Aunado a ello, da cuenta de la existencia de propuestas legislativas cuyo contenido resulta más extenso a la luz del parámetro de protección de los derechos humanos, y que mantendrían la armonía y coherencia en el sistema jurídico; es decir, a partir de la incorporación textual del derecho al cuidado, su regulación correspondería a una ley reglamentaria, definiendo su contenido, alcances y restricciones.
Al manifestarse a favor del dictamen, la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez (Morena) señaló que la iniciativa propone incorporar una ley reglamentaria, como la Ley del Seguro Social, para contar con el derecho humano a un cuidado digno, sin que exista un reconocimiento en la Constitución, por lo que la omisión compromete la técnica legislativa y vulnera el principio de regularidad constitucional.
Sin embargo, ya existen iniciativas que buscan reformar la Constitución para reconocer ese derecho y crear un sistema nacional de cuidados, lo cual dotaría de sustento normativo a cualquier legislación secundaria.
También indicó que el dictamen implica una carga económica para el Estado, al prever que las cuotas de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar no remuneradas serían financiadas en su totalidad por el Gobierno Federal, sin presentar una evaluación técnica o presupuestal que garantice su viabilidad.
Por su parte, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), al referirse en contra del dictamen, consideró que el derecho al cuidado debería plasmarse en la Constitución como un derecho humano y facultar al Congreso para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados.
Agregó que esto permitiría la protección principalmente de mujeres en condiciones de vulnerabilidad para garantizar su acceso a la seguridad social, a la salud y el empleo.
Puntualizó que la aprobación de una reforma constitucional para reconocer el trabajo de las y los cuidadores, que son responsables del 90 por ciento de la atención de sus familias en sus casas, hace necesario que los sistemas de seguridad social aborden la problemática de trabajo no remunerado.
A su vez, la diputada Patricia Mercado Castro (MC) dijo que no es necesario cambiar la Constitución, porque ya se tiene reconocido el derecho al trabajo, a la participación y a la educación de todas las personas, por lo que si se permite que los cuidados sigan siendo responsabilidad de las mujeres y del Estado se les está impidiendo a muchos cuidadores, principalmente mujeres, que ejerzan otros derechos.
Podríamos no tener reforma constitucional –subrayó– y colgarnos de todos estos derechos para tener una ley general, aunque se tendría que reformar el artículo 73 para tener el permiso de hacer una ley general de cuidados.
Por ello, dijo que su voto sería a favor porque la Comisión ya reconoce en este dictamen la necesidad de avanzar en el derecho de cuidados, pero se requiere darle mayor jerarquía normativa.
El diputado Fernando Mendoza Arce (Morena) se pronunció por seguir trabajando en favor de la Ley General de Cuidados, porque de acuerdo con cifras del Inegi de 2020, el 72 por ciento de la población, es decir 93 millones de mexicanos, cuentan actualmente con seguridad social.
Por lo que más allá de formar mesas de trabajo, se debe dar seguimiento a las iniciativas que ya se tienen para nutrir con diferentes aportaciones dichas propuestas, a fin de garantizar el derecho de las personas cuidadoras con atención de la salud y otras prestaciones de ley, agregó.
También se avaló el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que reforma el artículo 104 de la Ley del Seguro Social, promovida por la diputada, María Lorena García Jimeno Alcocer (PAN), la cual señalaba que en caso de fallecimiento de un pensionado o asegurado el Instituto pagará a su familiar una ayuda que “en ningún caso deberá ser inferior a tres veces el salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de México o en el área geográfica respectiva”.
En este sentido, la Comisión determinó desecharla por considerar que representa un impacto presupuestario al erario federal e implicaría una adecuación dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, lo cual no es viable de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que expresa que se podría realizar siempre y cuando haya excedentes.
El diputado Ramírez Barba se manifestó en contra al señalar que, si bien en esta propuesta existe un impacto presupuestal, no se está considerando que dicha prestación no se financia solamente con el presupuesto federal, sino la pagan también los trabajadores con sus cuotas.
Dijo que esta prestación solamente aplica cuando fallece un pensionado o asegurado, lo que limita su ejercicio, pues según la Profeco actualmente el costo de un crematorio es de alrededor de 14,714 pesos y puede llegar hasta 37 mil pesos en algunas regiones del país. Mientras tanto, la prestación al día de hoy es de 16,728 pesos, lo que resulta completamente insuficiente para pagar el servicio básico del crematorio.
También se aprobó el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que reforma disposiciones de las leyes del ISSSTE y del IMSS, suscrita por la diputada de Morena, Bertha Osorio Ferral, con la finalidad de reemplazar el salario mínimo como unidad de medida para el cálculo de determinadas obligaciones como multas, créditos y aportaciones de seguridad social y, con ello, garantizar su desindexación.
Ante ello, derivado de la naturaleza de los montos a los que se hace referencia y con apoyo de los criterios adoptados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión resolvió que es improcedente, toda vez que, como se advierte, en caso de modificar que el monto máximo de las pensiones debiera calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo.
Lo anterior, se traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo que lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación.
Asuntos generales
El diputado Olivares Cerda convocó a las y los integrantes de la instancia legislativa a la reunión de comisiones unidas de Seguridad Social y de Salud que se llevará a cabo el próximo 31 de julio, en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el diputado Ramírez Barba solicitó al presidente de la Comisión hacer un exhorto a las demás comisiones que no han dictaminado sobre el tema de cuidados, con la finalidad de avanzar en este asunto que afecta principalmente a muchas mujeres.
Además, que haga un llamado para que se realicen mesas de análisis con el IMSS, para que lo que surja de la Comisión de Seguridad Social se sume a lo que ya existe en diversos grupos.
