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• El problema aumenta en el actual gobierno. Ascendió a 32.8 millones, la población ocupada en condiciones de informalidad, lo cual equivale al 55.2% del total de trabajadores del país
• Sin incentivos, apoyos, ni acceso a créditos favorables, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas migran a la informalidad, y dejan de contribuir económica y laboralmente en deterioro de las finanzas y el desarrollo nacional
• Se propone diseñar estrategias que promuevan programas de beneficios, incentivos y apoyos financieros
• Indispensables las políticas públicas de simplificación administrativa para que, quienes se encuentran en la informalidad, se incorporen al sistema tributario y laboral
Con la advertencia de que el problema de la informalidad laboral crece preocupantemente en México y afecta no solo el nivel de vida de nuestros compatriotas, sino también las finanzas nacionales, Noemí Luna Ayala, Vicecoordinadora General del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, presentó una “Iniciativa para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y Competitividad de la Economía Nacional” en beneficio de unas 33 millones de personas que, actualmente, dependen de actividades de sobrevivencia.
De acuerdo con la Diputada por Zacatecas, deben ser diseñadas estrategias que promuevan programas de beneficios, incentivos y apoyos financieros, así como políticas públicas de simplificación administrativa; mecanismos de simplificación administrativa y tácticas de inclusión para la formalización laboral y de empresas, que favorezcan la incorporación de los entes económicos informales al sistema tributario y laboral.
Noemí Luna dijo que, para atender la problemática, resulta indispensable actualizar el marco jurídico vigente para establecer mecanismos más directos y claros que permitan fomentar la inclusión a la formalidad productiva y fiscal de estos sectores.
Comentó que la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, reconoce la importancia de generar condiciones que favorezcan el aumento sostenido de los entes económicos; pero no tiene disposiciones específicas para articular políticas de inclusión de negocios informales al sistema tributario y laboral, lo cual limita el impacto de ese marco normativo para responder a la informalidad como uno de los principales retos estructurales del país.
Frente a este contexto, la legisladora propone adicionar una fracción XV del artículo 3; incisos g) de la fracción II y f) de la fracción III del artículo 8; reformas a los incisos c) y e) de la fracción I del artículo 8 de la Ley arriba citada para especificar los programas de beneficios, incentivos, apoyos y políticas de simplificación e inclusión ya mencionados.
CÍRCULO QUE FRENA DESARROLLO NACIONAL Y DE MILLONES SIN SERVICIOS DE SALUD NI AHORRO PARA EL RETIRO
“La informalidad genera un círculo vicioso que impacta de manera negativa tanto en la esfera individual como en el desarrollo económico nacional, pues se traduce en la existencia de millones de personas sin acceso a prestaciones básicas de salud, sin posibilidad de cotizar en sistemas de ahorro para el retiro y sin mecanismos de protección ante accidentes o fluctuaciones del ingreso”, alertó la legisladora federal.
“Limita el desarrollo productivo, reduce la capacidad recaudatoria del Estado y genera condiciones de desigualdad persistente que afectan -de manera directa- la calidad de vida de millones de trabajadores y microempresarios”, expuso.
De acuerdo con Luna Ayala, en los primeros meses de 2025, se dio un repunte en la informalidad laboral, “lo que evidencia que las estrategias actuales no han sido suficientes para revertir esta tendencia”. Y los sectores más afectados por la informalidad son el comercio al por menor, la agricultura y servicios diversos que concentran las actividades económicas con menores niveles de ingreso, productividad y acceso a la seguridad social.
“La modernización del aparato productivo requiere un compromiso serio con la inclusión y el fortalecimiento de las capacidades de quienes hoy sostienen su actividad económica en condiciones de precariedad y falta de certidumbre jurídica”, enfatizó.
“Cifras del INEGI indican que la población ocupada en condiciones de informalidad ascendió a 32.8 millones de personas, lo que equivale al 55.2 por ciento del total de trabajadores del país, consolidándose como una problemática que trasciende coyunturas políticas y económicas, y requiere de atención prioritaria mediante políticas públicas transversales que incentiven su inclusión a la formalidad y al sistema tributario”, destacó.
“Especialistas coinciden en que la política pública necesita un rediseño que combine la simplificación administrativa con incentivos fiscales y apoyos financieros, de modo que la formalización se convierta en un proceso atractivo y viable para los micro, pequeños y medianos negocios, así como para los trabajadores independientes” y lograr un México más igualitario, no de retrocesos como el que estamos padeciendo, concluyó.
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