La diputada Renata Ávila Valadez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), manifestó su respaldo, en lo general, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pero subrayó la necesidad de fortalecer algunos puntos clave para evitar retrocesos democráticos.
“No se trata de oponerse a todo cambio. Se trata de que los cambios no vulneren derechos ni eliminen los escasos contrapesos que nos quedan”, expresó desde tribuna.
Este jueves, la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó el dictamen que expide de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y plantea la disolución del Instituto Zacatecano de Transparencia (IZAI) para dar paso a la creación del organismo descentralizado “Transparencia para el Pueblo”.
La legisladora presentó una reserva en lo particular mediante la cual propuso la incorporación de un artículo 102 bis, con el objetivo de garantizar que la clasificación de información como reservada se sujete a criterios claros, objetivos y apegados al principio de máxima publicidad.
“La clasificación de información como reservada deberá fundarse en criterios objetivos, proporcionales y estrictamente necesarios, conforme a los principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia previstos en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló Ávila Valadez.
Ávila Valadez justificó su propuesta con base en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en recomendaciones internacionales: “Toda excepción al acceso a la información debe estar debidamente fundada, ser proporcional, necesaria y excepcional”, citó, en referencia a la Acción de Inconstitucionalidad 29/2016.
Además, recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha sostenido que los órganos de transparencia deben ser independientes del poder político.
Durante la presentación de su posicionamiento ante el Pleno, la diputada Renata Ávila Valadez expresó su respaldo crítico al dictamen, al advertir que, si bien se trata de una armonización normativa con el marco federal, esta no puede realizarse sin una reflexión de fondo. “Lo digo no solo como legisladora. Lo digo como periodista y como investigadora académica. Sé lo que cuesta acceder a la información en este país”.
Asimismo, cuestionó que la nueva figura denominada “Transparencia para el Pueblo”, creada en sustitución del IZAI, quede sectorizada a la Secretaría de la Función Pública, pues ello compromete su autonomía e independencia.
“Aunque se afirma que tendrá autonomía técnica y operativa, el hecho de que esté subordinado jerárquicamente a una dependencia del Ejecutivo compromete su imparcialidad y su capacidad de actuar como contrapeso institucional”, puntualizó.
