Este martes, durante sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, del Partido del Trabajo (PT), emitió un enérgico posicionamiento respecto al caso del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, quien fue sentenciado por abuso sexual agravado contra una menor de edad.
La legisladora destacó que, tras una audiencia de más de 20 horas, el juez a cargo dictó una sentencia de cuatro años de prisión al aún rector. Sin embargo, debido a que fue desechada la acusación por el delito de violación equiparada, Ibarra Reyes cumplirá su condena en libertad condicional, lo que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad.
Ávila Valadez cuestionó la decisión judicial, señalando que el artículo 237 Bis del Código Penal del Estado de Zacatecas establece que los servidores públicos condenados por delitos sexuales deben ser destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos hasta por cinco años, en este contexto, enfatizó que Ibarra Reyes, en su calidad de rector de una universidad pública, debía ser considerado servidor público, y por tanto, sujeto a las sanciones correspondientes.
La diputada también criticó la postura del Consejo Universitario de la UAZ, que decidió realizar una sesión virtual en lugar de una presencial para abordar el caso, argumentando razones de seguridad. Ávila Valadez cuestionó: “¿Seguridad de quién? ¿Del agresor sentenciado o de la comunidad que exige justicia?”.
Asimismo, expresó su preocupación por la posible criminalización de las protestas sociales, especialmente las convocadas por colectivos feministas que han exigido justicia en este caso y subrayó que manifestarse es un derecho y no debe ser considerado un delito.
Finalmente, la legisladora hizo un llamado al Congreso del Estado para dictaminar la iniciativa presentada por la diputada Isadora Santibáñez, que busca establecer límites más estrictos a los beneficios legales para quienes cometen delitos sexuales contra menores de edad. También instó al Congreso de la Unión a reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para impedir que agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes se beneficien con salidas anticipadas.
“La justicia no puede seguir beneficiando a los agresores ni dejando solas a las víctimas”, concluyó Renata Ávila reafirmando su compromiso con la protección de la infancia y la erradicación de la impunidad.
